Solo contra el Gobierno, el fiscal y Obama

"Si no podemos juzgarnos nosotros, dejemos al mundo que nos juzgue", opinaba Stephanie, de Nueva Jersey. John Keith, un lector de California, optaba por dirigirse directamente a Barack Obama. "Presidente: mire, escuche, aprenda". Son dos de los 207 comentarios a la noticia de que Baltasar Garzón sopesaba investigar por torturas a seis miembros de la Administración de Bush aparecida en la edición digital de The New York Times el 29 de marzo. Cuatro días después, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, John Conyers Jr., trasladaba el debate al Congreso estadounidense al calificar al juez español de "serio y respetado jurista" y justificar su actitud ante "la aparente ausencia de una investigación penal independiente en EE UU".

El Supremo ya tildó Guantánamo de "ejemplo de derecho penal del enemigo"

Esa euforia por acabar con la impunidad en la prisión militar ilegal, acentuada por la desclasificación de los manuales de tortura, no ha alcanzado a Obama. El presidente estadounidense ha dejado en manos de su fiscal general, Eric H. Holder -equivalente al ministro de Justicia-, que decida "dentro de los parámetros legales" sobre la apertura de una investigación contra los que ordenaron las salvajes técnicas de interrogatorio. Su última propuesta fue crear una comisión de investigación en el Congreso que analizara la legalidad de esos métodos. "Hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás", ha dicho Obama.

En España, EE UU ha hecho lo posible para que la investigación de Garzón no salga adelante. Hace dos semanas, el consejero político de la Embajada en Madrid, William Duncan, y un asesor jurídico se reunieron con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, según adelantó Cuatro. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, tachó la querella inicial, presentada por un grupo de abogados, de "fraudulenta". "Admitirla sería como convertir la jurisdicción universal en un juguete en manos de personas que buscan protagonismo", afirmó.

Zaragoza, tras recibir a los diplomáticos estadounidenses, acató las órdenes de su superior y envió al juzgado de Garzón el informe en el que manifestaba su posición sobre si Garzón podía o no investigar. Su contenido era insólito: en lugar de pedirle que archivara la causa sin más al no apreciar que existiera delito, reclamó que el caso pasara a Ismael Moreno, el juez que investiga los vuelos de la CIA, para que fuera éste el que archivara. No contaban con la posibilidad de que Garzón se decidiera por fin a investigar las torturas denunciadas por el prisionero español Hamed Abderramán, Hmido, y otros tres detenidos en la prisión ilegal, dos de los cuales fueron procesados.

La posición de la fiscalía española es la misma que la del Gobierno español. "Coincido con la Fiscalía del Estado, que ha emitido un informe en contra y que tiene argumentos jurídicos de peso. El principio de subsidiariedad con países inequívocamente democráticos debe tenerse presente", mantuvo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en una entrevista concedida a EL PAÍS el pasado día 19. Ayer, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, auguró que la causa no influiría en las relaciones entre España y EE UU, aunque el caso llega en plena recomposición de esas relaciones, tras cinco años de encontronazos de Zapatero con el anterior presidente George W. Bush.

El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, eludió comentar las actuaciones de Garzón, aunque sí quiso subrayar que la existencia de Guantánamo "y las prácticas que allí se han hecho" suponen "una indignidad intolerable", informa Anabel Díez.