Una inversión de futuro
Los últimos resultados del Informe Pisa -que nos dieron la Navidad- cuestionaron otra vez nuestro abatido sistema educativo. Pero las medidas para erradicar el fracaso escolar y sanear los cimientos de la educación, una necesidad para garantizar la igualdad social, obligan a mirar hacia los primeros niveles del sistema educativo; a reconocer la categoría infancia, el 0-3, edad en que quedan marcadas las pautas que seguirá el niño en su vida adulta.
La Ley General de Educación establecía en 1970 la escolarización obligatoria a los 6 años y bautizaba como preescolar el 4-6 como etapa. La LODE, en el 85, y en el 90 la LOGSE reconocieron la etapa educativa con pleno derecho en el 0-6. Y llegó la LOCE en 2002, que menguó el 0-3 en la categoría asistencial. Cuatro años más tarde, en 2006, la mezcla desafortunada entre ambas leyes regula el 3-6 como etapa educativa y deja el 0-3 al arbitrio de las autonomías. En 2008 conocemos ya los efectos de esta decisión. En Cataluña, con un pacto nacional de consenso, se ofertaron 30.000 plazas de 0-3 entre 2004 y 2008. No es el caso de Madrid, donde se oye mucho ruido y se divisa malestar en profesionales y familias.
Este circo político confunde a profesores, investigadores y demás mentes sensatas que claman por una regulación en la educación infantil de 0-3. Al otro lado, las familias que no consiguen plazas públicas de escuelas infantiles tienen varias soluciones: entrar en la privada con un cheque bebé, que no cubre el gasto total; acudir a vecinas, amigas, abuelas; o ir a centros no regulados e ilegales que existen al amparo de la falta de inspección, con una única autorización administrativa de los ayuntamientos y que albergan negocios rentables bajo epígrafes de "centros de ocio y juego" o "ludotecas". Ésta es la única solución para muchas familias, especialmente inmigrantes, que pierden así una de las mejores oportunidades para su plena integración.
Todo esto sucede en un país que en 2000 presentaba una de las tasas de natalidad más bajas del mundo (que sube en 2007, favorecido por la inmigración). Las previsiones apuntan a que en 2025 habrá un incremento de envejecimiento en la población. Con él, la escasez de niños y niñas convierte a la infancia en un bien preciado. Serán pocos, de muchas nacionalidades y, sin duda, tomarán el timón político, económico y social del país. Que tomen buena nota los políticos que trazan, con la mayor de las equivocaciones, un plan de futuro alejado de las demandas y necesidades de nuestro modelo social. Si Finlandia se ha convertido en referencia, sepan ustedes que en ese país la sociedad no permite que se negocie con su futuro: la infancia.
Sonsoles San Román es catedrática E. U. de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
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