Seis de cada diez viviendas alquiladas en España no están declaradas

Seis de cada diez alquileres localizados en España no están declarados y escapan al control del fisco, según han denunciado los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), que calculan que existen alrededor de 977.306 arrendamientos sumergidos en España, el 60,5% del total de viviendas alquiladas.

El informe de Gestha, que se ha elaborado a partir del cruce de los últimos de las viviendas alquiladas según el INE y las declaradas por el IRPF, cifra en más de 1.800 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.

No obstante, en las declaraciones del IRPF únicamente figura el número de contribuyentes que declaran rendimientos por alquiler, pero no el número de viviendas que tiene alquiladas, y tampoco figuran en este impuesto las rendimientos inmobiliarios obtenidos por las empresas dedicadas al alquiler, que tributan por el Impuesto sobre Sociedades.

Alquileres 'de temporada'

Según Gestha, otros arrendamientos más propensos a registrar irregularidades son los alquileres "de temporada", especialmente los situados en las localidades costeras y aquellos protagonizados por los sectores socieconómicos menos favorecidos, como los inmigrantes o los estudiantes, cuyo domicilio suele ser provisional.

Igualmente, los técnicos de Hacienda indican que otro de los tipos de arrendamiento más susceptibles de irregularidades, aunque en menor medida, son los relacionados con el alquiler de segundas residencias o de fines de semana. Estas viviendas aparentemente están desocupadas pero, en realidad, esconden alquileres no declarados.

Madrid y Cataluña concentran el 82% del fraude

Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que el 82% del fraude por alquileres no declarados se concentra en Cataluña, Madrid, Andalucía, Canarias, Valencia y Baleares, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja y Cantabria son las que menos arrendamientos ilegales presentan.

Cataluña lidera, con más de 542 millones de euros anuales, las rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida por las comunidades de Madrid y Andalucía, con 325,7 y 278,2 millones de euros, respectivamente. En la Comunidad Valenciana el fraude estimado en alquileres de vivienda es de 111,8 millones de euros, mientras que en los archipiélagos canario y balear asciende a 144 y 96,3 millones de euros cada año, respectivamente.

Según el estudio de Gestha, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Extremadura, donde casi el 78% de las viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación, le siguen las comunidades de Murcia (76,6%), Andalucía (75,31%) y Canarias (69,8%), aunque son las plazas de Ceuta y Melilla las que concentran, con un 82%, el mayor porcentaje de pisos alquilados sumergidos.

Por el contrario, el comportamiento fiscal "más ejemplar" se localiza, según Gestha, en Aragón, donde sólo el 32,2% de los alquileres escapan del control del fisco. Asimismo, las comunidades de La Rioja y Castilla y León presentan una mayor conciencia fiscal, ya que la mitad de los alquileres se declaran legalmente.

Proponen modificar la legislación

Ante esta situación, el informe de los Técnicos de Hacienda considera "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.

En concreto, proponen que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.

En segundo lugar, plantean modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar la demanda de desahucio por falta de pago de las rentas. Este colectivo propone que en este caso, la orden de lanzamiento se expida junto con la sentencia.

De momento, el Gobierno ha introducido la obligación de consignar en la declaración de la renta el número de referencia catastral de los inmuebles que ocupan los contribuyentes, bien sean en alquiler o en propiedad, precisamente para evitar los alquileres ocultos.