Un tribunal frena el cambio de estatutos en Caja Madrid

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha suspendido de forma cautelarísima (sin escuchar a las partes) la reforma de los Estatutos de Caja Madrid impuesta por la comunidad autónoma. Es una victoria temporal del Ayuntamiento de Alberto Ruiz-Gallardón, que había solicitado la suspensión. De todos modos, hoy mismo el Tribunal celebrará una vista para escuchar a las partes y decidir si mantiene o no la suspensión en tanto decide sobre el fondo del asunto.

Mientras los gobiernos de Gallardón y Esperanza Aguirre se baten en los tribunales, el consejo de la caja agudiza el enfrentamiento con la comunidad autónoma. Los representantes en el consejo se quedaron ayer solos en el órgano de administración de la entidad.

El sector de Blesa agudiza el choque con la comunidad autónoma

El auto del TSJ ordena tanto a la Comunidad como a la propia caja que se abstengan de realizar cualquier requerimiento o acto para implantar los estatutos dictados por la Consejería de Economía. El Ayuntamiento ha recurrido esos estatutos porque rebajan su peso en la Asamblea de la caja. Precisamente, la Asamblea está convocada para el lunes para votar esa modificación que pondría en peligro la continuidad de Miguel Blesa como presidente de la caja.

En paralelo, el consejo de Caja Madrid se reunió ayer para mostrar su rechazo a esos estatutos en los términos más duros que había empleado hasta ahora. En una nota, la caja dejó claro que ha rechazado desde el principio los estatutos "impuestos", pero que les ha dado curso "por imperativo legal". La caja acusa al consejero de Economía, Antonio Beteta, de hacer "interpretaciones torcidas" para "confundir a los consejeros generales y a la opinión pública". Beteta acusó de contradicción al consejo (por dar curso a los estatutos pese a su oposición) y, según la caja, trató de "deslegitimar" el recurso del Ayuntamiento.

Con 13 votos a favor, 4 abstenciones y 4 en contra, el consejo expresó su "oposición frontal" al texto de la Comunidad, una norma que consideran "anticonstitucional e ilegal", "innecesaria", "no consensuada", y fruto de una "grave injerencia política". Los 14 miembros dejan abierta la puerta a nuevos recursos.

Los cuatro consejeros que representan a la Comunidad de Madrid se quedaron solos en el consejo, y los tres del PSOE y el de UGT se abstuvieron. Uno de los del PSOE se había alineado hasta ahora con la mayoría. Los otros tres habían votado en ocasiones junto a los consejeros de Aguirre. La falta de apoyo de PSOE y UGT puede estar también detrás de la suspensión de la convocatoria de la Comisión de Control que el destituido presidente de la misma, Pablo Abejas, un hombre de Esperanza Aguirre, había tratado de reunir ayer mismo.