La opacidad estadística dificulta el control de las cuentas autonómicas

Hay cifras que bastan para hacerse entender. Y, en el caso español, el porcentaje que compara el déficit público con el PIB es el mejor atajo para dar cuenta de la crisis fiscal. En febrero, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, anunció que esa proporción había llegado al 11,4%, una cifra sin precedentes en la democracia española. A finales de marzo, pudo limarla un poco. "La cifra final es el 11,2%", dijo a la conclusión del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne a las comunidades y el Gobierno. Salgado explicó que el tenue recorte se debía al resultado autonómico (2% de déficit frente al 2,2% previsto en febrero). Pero, como es habitual en el CPFF, no se suministraron estimaciones por comunidades.

Sólo a las puertas de 2011 se conocerán las cifras de 2009

La ausencia de estadísticas homologadas y actualizadas es un obstáculo, a veces insalvable, cuando se quieren enjuiciar las decisiones de los gobiernos autonómicos, y que abarca múltiples ámbitos, desde las listas de espera a la partida de dependencia. El seguimiento de las cuentas públicas no es una excepción, pese a que existe un órgano (el CPFF) que centraliza los datos. Como en años anteriores, a las pocas semanas de liquidar los presupuestos de 2009, el Ministerio de Economía fue capaz de hacer una estimación del déficit con que cerró la Administración central (-9,5%) y de anticipar el resultado global de las autonomías (-2,2%, luego corregido en marzo). Pero cuando se pregunta por los datos para cada comunidad, Economía se niega a suministrar datos. El argumento es que debe hacer ajustes contables y que sólo tiene la obligación legal de publicarlos después de septiembre. Es decir, que sólo habrá una información pública oficial sobre las cuentas autonómicas de 2009 a finales de 2010 cuando se están ultimando los presupuestos de 2011. Para entonces, cualquier valoración está, como mínimo, desfasada. Todo en contra de la mayor eficiencia.

Existe la vía alternativa de preguntar a cada una de las 17 comunidades, aún a riesgo de recolectar datos no homologables. Este periódico se puso en contacto con todas las consejerías de Hacienda, con un resultado desigual. Más de la mitad (ver tabla adjunta) informó del déficit estimado para 2009, cifra en la que aseguraron haber aplicado los criterios contables que usa el Ministerio de Economía. El resto se escudó en que la información está a punto de ser validada (Navarra lo hará este mes), en que la cifra la debe hacer oficial Economía o en que los datos aún no están cerrados.

En 2008, más de la mitad de las comunidades superaron el tope de déficit acordado (-0,75% del PIB). Una proporción que, según los datos provisionales de las comunidades, se superará con creces en 2009.

Ante el colapso de ingresos que se prevé para este año, el Gobierno decidió ampliar ese tope hasta el 2,5%, siempre que se presentara desde el principio un plan de reequilibrio. Sólo la Comunidad de Madrid, que se atiene al límite anterior (0,75%), no tiene que elaborarlo. El CPFF de marzo aprobó nueve de esos planes y Salgado anunció que incorporaban ajustes adicionales sobre los presupuestos de esas comunidades, lo que se traducía en un ahorro de 2.000 millones en gasto público. Pero Economía ni suministra los planes ni detalla el ahorro por comunidades.

A la falta de estadísticas centralizadas se une la falta de amparo legal. España es el único gran país de Europa que no cuenta con una ley de acceso a la información de la Administración. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a elaborarla en 2004 y, de nuevo, en 2008. Fuentes de la vicepresidencia primera aseguran que esta vez el empeño va en serio y que el proyecto de ley de Transparencia se remitirá al Congreso esta primavera.