Regular las agencias de 'rating'

En Japón existe una inveterada costumbre de pedir perdón cuando se comete un error garrafal. No es extraño asistir a actuaciones de líderes políticos, económicos o sociales solicitando el perdón de los ciudadanos ante una metedura de pata, antes de presentar la dimisión. Aunque en Occidente no exista esa costumbre, muchos inversores castigados por quiebras recientes echan de menos que los directivos de las tres principales agencias de rating del mundo (Moody's, Standard and Poor's y Fitch) no hayan reconocido públicamente su error al mantener la máxima calificación a Lehman Brothers, o de otras empresas cotizadas, hasta el día antes de que quebraran.

Y lo que más extraña es que estas agencias se hayan pasado ahora al otro lado del péndulo y se dediquen a reducir drásticamente la calificación de la deuda soberana de algunos países europeos (entre ellos, España) en el momento más inoportuno, causando un daño irreparable a sus cuentas públicas, al generar un círculo vicioso: la bajada de rating aumenta el coste de la refinanciación de una deuda que está condenada a crecer exponencialmente. Se impone una regulación europea de estas sociedades que abusan, en muchos casos, de posición de dominio a la hora de ejercer su actividad.

Estas sociedades abusan a menudo de posición de dominio a la hora de ejercer su actividad

La UE ha censurado la actuación de las agencias, pero no termina de aprobar nuevas leyes

Sucede, además, que no es la primera vez que caen grandes imperios considerados AAA o AA por las agencias de calificación estadounidenses. WorldCom, Parmalat, Enron, AIG, Goldman Sachs, AMRO, Dubai Investments y, por supuesto, las decenas de productos estructurados que empaquetaban hipotecas subprime de EE UU, con un lazo de oro y un contenido de auténtica basura, como más tarde se demostró.

El último episodio sucedió hace escasas dos semanas en España. Los mercados esperaban que el 10 de marzo el Banco de España presentara el informe sobre la solvencia de las entidades financieras (bancos y cajas de ahorro) españolas. Estaba anunciado con días de antelación. Pero a primera hora de la mañana de ese jueves, Moody's sorprendió al mercado con una rebaja de un escalón en la nota de solvencia de España, aduciendo que el coste para el Estado de la capitalización de estas entidades se situaría entre los 40.000 y los 50.000 millones de euros. Pocas horas después, el Banco de España situaba el agujero en 15.000 millones.

Como no es la primera vez que estas agencias actúan así (el caso griego es el más sangrante), las autoridades comunitarias han puesto el grito en el cielo. Tanto la Comisión Europea como el Banco Central Europeo han censurado su actuación, llegando a hablar de "actuaciones irracionales". Y, por supuesto, la vicepresidenta Elena Salgado y el propio Banco de España han expresado sus dudas sobre la forma de actuar de Moody's. Hasta el FMI ha criticado abiertamente su actuación, al incluir un capítulo en el último World Economic Outlook, en octubre de 2010, titulado "Usos y abusos de las agencias de calificación".

Sin embargo, la UE no termina de lanzar una auténtica nueva legislación que regule su actividad. El año pasado la UE se limitó a exigir un registro de carácter obligatorio para estas sociedades, sin que haya supuesto ningún cambio significativo en su forma de actuar.

Las agencias de calificación nacieron a principios de los años noventa en EE UU, tras la quiebra de la firma Knickerbocker Trust Company (en 1907), que hizo perder a la Bolsa de Nueva York casi la mitad de su valor. Inicialmente, cobraban a los inversores. Pero con el paso del tiempo vieron que el negocio estaba en cobrar a los emisores, creándose un clarísimo conflicto de intereses que nunca se ha llegado a resolver. Además, las tres grandes del sector controlan más del 90% del negocio (77% entre Moody's y S&P y un 15% Fitch), y generan más de 2.000 millones de dólares en beneficios anuales entre ellas.

Los últimos datos oficiosos cifran en 500.000 euros anuales lo que paga el Estado español a esas tres agencias, las únicas reconocidas por la CNMV.

Ramiro Losada López, técnico del Servicio de Estudios de la CNMV, publicó el año pasado un interesantísimo informe sobre la actividad de estas agencias, en el que explica que ejercen una triple función: son intermediarias de información y certifican y estandarizan las cuentas y las proyecciones financieras de las empresas cotizadas o emisoras de bonos. Con unas rentabilidades de entre el 30% y el 50%, las tres grandes del sector obtienen más del 40% de sus ingresos por la calificación de productos estructurados y ejercen en muchos casos "comportamientos anticompetitivos" mediante una triple estrategia: emisiones de rating no solicitados, notching punitivo y venta de lotes.

Dejando a un lado los aspectos técnicos de su función, hay consideraciones éticas y de pura oportunidad que han puesto en entredicho su trabajo. Jesús Fernández-Villaverde, de la Universidad de Pensilvania y de Fedea, explicaba el domingo pasado en este periódico que las agencias de calificación tienen como objetivo ganar dinero, como todas las sociedades anónimas. Y que estas empresas, y en concreto Moody's, sufrieron un golpe espectacular con la reciente crisis financiera. "Su respuesta natural ha sido", explica Fernández-Villaverde, "reconstruir su reputación pecando de excesivo pesimismo y anunciando necesidades muy rigurosas".

Nadie pretende, a estas alturas, negar que las entidades financieras españolas tengan fuertes necesidades de capitalización, o que un grupo amplio de países europeos, incluida España, tengan que hacer importantes esfuerzos de reducción del déficit y la deuda pública para poder hacer frente a sus pagos futuros. Pero en una situación tan delicada como la actual, las agencias de calificación deberían ejercer su función con un plus de responsabilidad y, visto que la autorregulación brilla por su ausencia, se impone una regulación por parte de las autoridades europeas.

Si Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, o Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, han llegado a calificar de "irracional" la actuación de estas entidades, ¿a qué esperan para proponer una nueva reglamentación sobre su actividad?