La debilidad económica desplaza a la reforma financiera en el G-20

La posibilidad de que la crisis fiscal de la eurozona acabe lastrando la incipiente recuperación de la economía internacional y cause una nueva recesión está desplazando en la agenda del G-20 a los temas relacionados con la reforma financiera. Pese a que el objetivo y los plazos prefijados para reforzar la supervisión del sistema es compartido por todos, la divergencia que existe entre los países sobre las formas de llevarlo a cabo y la eventual imposición de una tasa a la banca ha motivado que la atención se desvíe al riesgo de caer en una crisis en forma de uve doble.

"Es importante que todos entendamos cómo de frágil es la recuperación, ha afirmado a su llegado al evento el ministro del ramo de Sudáfrica, Trevor Manuel. En la misma línea, el directivo del Banco Mundial, Ngozi Okonjo-Iweala, ha advertido de que "justo cuando pensábamos en que habíamos girado la esquina, las nubes aparecen en el horizonte". Pero para consolidar el crecimiento ya no sirven las mismas recetas que el G-20 fijó en sus anteriores citas de Londres o Pittsburgh y que pasaban por mantener los planes de estímulo. Ahora se trata de todo lo contrario: potenciar los planes de ajustes de déficit, sobre todo en Europa, para disipar las dudas y evitar el riesgo de contagio a otras economías. Al menos en este punto, no hay división entre los países miembros. De hecho, entre las conclusiones finales que se esperan de esta reunión en Busán, Corea del Sur, todo el mundo incluye ya un apoyo expreso a los planes de ajuste europeos, aunque solo sea para evitar un mayor castigo de los mercados.

Los ministros de Economía y Finanzas del organismo que agrupa a los más ricos del planeta y a los principales países en desarrollo, entre ellos la española Elena Salgado, celebran entre hoy y mañana en la ciudad coreana de Busan una reunión preparatoria para la próxima cita de sus primeros espadas en Toronto. A menos de un mes de esta cumbre, la cuarta desde que se erigió en el foro mundial contra la crisis, el G-20 debe aún fijar los asuntos que serán prioritarios en el encuentro de la ciudad canadiense.

La posibilidad de establecer un impuesto a la banca es uno de esos asuntos, aunque el secretario de Estado de EE UU, Timothy Geithner, ya ha advertido de que el acuerdo es aún una quimera: "No hay apoyo universal a esa medida, por lo menos ahora". La Administración de Barack Obama fue la primera en mover ficha al anunciar en enero un impuesto del 0,15% sobre los activos de las principales entidades bancarias con objeto de recuperar el dinero público usado para rescatar a las entidades que invirtieron en derivados de hipotecas basura.

Pero la posición europea no es homogénea. Alemania estudia imponer una tasa especial a los bancos que variaría según el volumen de negocio y el riesgo de una posible quiebra para el conjunto del sistema. Francia apoya la idea, aunque plantea ampliarla a todo tipo de grandes intermediarios financieros y que los ingresos vayan al Presupuesto. A su vez, EE UU y la Comisión Europea discrepan sobre la finalidad. La Administración de Obama quiere que lo recaudado se use para pagar la factura de las intervenciones públicas, mientras que Bruselas plantea que los impuestos sirvan para limitar las decisiones arriesgadas y financiar futuras operaciones de reestructuración.

Más alejados aún están algunos países como Australia o Canadá, que no consideran prioritario la aplicación de un impuesto a la banca. "Hay que mantener la mirada puesta en la regulación del sector financiero", insistió ayer el ministro canadiense de Finanzas, Jim Flaherty. Tampoco está en la agenda de los grandes países emergentes, como Brasil o China, más preocupados por la amenaza que supone para sus economías exportadoras la debilidad del dólar y del euro.