Sólo cinco autonomías prohíben los pisos de menos de 30 metros

Se vende un piso en Madrid por 90.000 euros. ¿El problema? Que no llega a los 17 metros cuadrados. Contra este tipo de viviendas se pronunció hace unos días la ministra María Antonia Trujillo. Ante la falta de competencias del Gobierno central, recomendó a las autonomías que no concedan cédulas de habitabilidad a ningún lugar con menos de 30 metros. Las normativas demuestran que las regiones no prestan atención a situaciones como la del zulo madrileño. Sólo Navarra, La Rioja, País Vasco, Canarias y Murcia marcan la frontera en los 30 metros.

La ministra Trujillo encendió hace dos años una polémica al defender los 'minipisos'

El problema de la vivienda sigue siendo un tema estrella socialmente hablando. Maria Antonia Trujillo pidió el pasado 17 de mayo a las comunidades autónomas un cambio en sus decretos de habitabilidad. Solicitó, además, que extremen las precauciones para que no se pongan en el mercado viviendas con menos de 30 metros cuadrados útiles, por entender que no es un lugar digno para habitar.

Como el Gobierno central no tiene competencias para ello, la ministra se limitó a dar una recomendación. Son los Ejecutivos regionales los que regulan los requisitos para que un espacio se considere una vivienda; y los ayuntamientos, por último, los que conceden las cédulas de habitabilidad.

Sólo cinco autonomías especifican que, para que una vivienda se considere como tal, ha de tener por lo menos, 30 metros cuadrados. Otras siete -Galicia, Extremadura, Valencia, Cataluña, Cantabria, Baleares y Asturias-, admiten minipisos todavía más mini; y cinco -Madrid, las dos Castillas, Aragón y Andalucía- no han aprobado ninguna regulación autonómica. Galicia tramita una ley que exige un mínimo de 40 metros.

La ministra de Vivienda encendió hace dos años una polémica cuando propuso construir viviendas de protección oficial de 30 metros cuadrados. Los famosos minipisos de Trujillo. Una polémica que en el ministerio califican de hipócrita, porque muchas autonomías esgrimieron principios que no aplicaban en su propio territorio.

La Comunidad de Cataluña, con un presidente del PSOE a cabeza, el mismo partido que dirige el Ejecutivo central, fue una de las que se desmarcó de la idea de la ministra. "De ninguna manera lo aceptaremos", dijo entonces el secretario de Vivienda, Ricard Fernández.

Lo curioso es que el Gobierno al que pertenece Fernández establecía, en un decreto aprobado en 2003, que los pisos ya existentes tenían que superar los 20 metros cuadrados... y no los 30. Y más aún: en el caso de que hubieran sido construidos antes de 1983, un minúsculo espacio de 15 metros también podía recibir el deseado título de vivienda.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda responden que esa salvedad se hizo por lo complicado que resulta decirle a alguien que el espacio tan pequeño que lleva años siendo su hogar ha pasado de la noche a la mañana a no considerarse apto. Además, apuntan en la Conselleria, se trata de un problema "residual", ya que sólo el 0,3% de los pisos censados tienen menos de 30 metros. La mayoría de esos pisos , eso sí, están en la ciudad de Barcelona.

Otra Generalitat, la valenciana, gobernada por el PP, permite que los ayuntamientos de su comunidad concedan licencias de habitabilidad a latas de sardinas si éstas tienen por lo menos 24 metros cuadrados.

Pero el Ejecutivo valenciano sí está de acuerdo con las recomendaciones de la ministra: está a punto de aprobar una modificación que eleva el mínimo hasta los 35 metros cuadrados. "Creemos que el Gobierno regional ha de establecer criterios mínimos e iguales para toda la Comunidad Valenciana", dice un portavoz de la Conselleria de Territorio.

Sus correligionarios madrileños no comparten esta opinión. La Comunidad que gobierna Esperanza Aguirre (PP) no se pronuncia sobre las dimensiones que necesita una casa para que pueda ser habitada dignamente. Cada ayuntamiento de la región establece sus propios criterios.

El portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cree que no tiene sentido que el Gobierno regional se inmiscuya en la decisión de los municipios, "que son los que conocen sus necesidades sociales e incluso arquitectónicas".

La Comunidad revisa los Planes Generales de Urbanismo de los ayuntamientos. "No estamos a favor de los minipisos de la señora ministra, que nos parecen una broma. Nos limitamos a hacer viviendas protegidas bien hechas, siempre con más de 30 metros, adaptándonos a las necesidades de cada persona y dando cobertura a todo tipo de familias", dicen en la consejería.

Ésta es la política madrileña para la vivienda protegida. ¿Y la del mercado libre? "Ahí no podemos marcar límites", responde el portavoz. "Cada ayuntamiento hace lo que considera oportuno. Las ordenanzas municipales de Madrid, por ejemplo, disponen que las viviendas no pueden tener menos de 40 metros", añade.