Ordóñez insta a extender un contrato indefinido con despido más barato

Las reiteradas advertencias del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, han caído en saco roto. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha saltado otra vez las líneas rojas marcadas por el Gobierno, al que incomoda que, con una crisis de marcado origen financiero en marcha, se ponga el acento en la reforma de las pensiones o del mercado laboral. Ordóñez, convencido del riesgo de que "el paro adquiera gran persistencia y retrase la recuperación", vuelve a la carga. El informe anual del supervisor, presentado ayer, urge a generalizar la contratación indefinida con indemnizaciones por despido más bajas.

"Me gustaría que fuese la última vez que tuviera que discrepar del gobernador del Banco de España". Las palabras que pronunció Corbacho hace dos meses evidencian los sarpullidos que producen en el Gobierno algunos de los diagnósticos y propuestas de Ordóñez. El ministro de Trabajo saltó cuando el gobernador pidió medidas drásticas para evitar un déficit en las pensiones a medio plazo. No era el primer encontronazo. En febrero, Ordóñez ya reclamó una reforma "urgente" del mercado laboral. Entonces fue el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien trató de zanjar el debate.

El supervisor pide primar el pacto en la empresa frente al convenio sectorial

"Se han agotado las posibilidades de la política fiscal", dice el gobernador

Pero el gobernador se mantiene en sus trece. Ordóñez, que fue secretario de Estado de Hacienda en la primera legislatura de Zapatero, insistió ayer en que la reforma laboral es imprescindible para garantizar una recuperación sólida. Lo hizo tras constatar, ante el consejo de gobierno del Banco de España, que "es muy probable que el mayor momento de contracción haya sido ya superado". A renglón seguido, puntualizó: "El proceso de destrucción de puestos de trabajo puede prolongarse algún tiempo más".

En la presentación del informe anual del Banco de España, Ordóñez instó a modificar "rasgos institucionales" de la economía española para evitar que, "incluso después de haber superado la fase más severa de la crisis, se conviertan en una rémora para seguir avanzando en la convergencia real con Europa".

En el frente del empleo, el gobernador abogó por una reforma que evite "que el ajuste se produzca mediante la expulsión del mercado de un número elevado de trabajadores", como ha vuelto a ocurrir en esta crisis -la tasa de paro supera el 17%-. En su discurso se limitó a reclamar "modificaciones en el sistema de contratación" para facilitar que los parados encuentren empleo rápido y para fomentar la movilidad y formación de los trabajadores.

Las propuestas son más específicas en el informe que presentó Ordóñez: "Es imprescindible favorecer formas de contratación permanente que puedan utilizarse con carácter general y cuya rescisión no comporte indemnizaciones por despido tan elevadas como las que llevan aparejadas los contratos indefinidos en vigor".

Para llegar a esa conclusión, el Banco de España argumenta que el vertiginoso incremento del paro se debe al peso exagerado de los contratos temporales, lo que facilita el ajuste de las empresas. Y que ese desequilibrio se origina en el alto coste de los despidos en los contratos indefinidos (un máximo de 45 días por año trabajado), que contrasta con el coste casi nulo de los temporales.

El supervisor plantea que la reforma se extienda al sistema de negociación colectiva. El Banco de España achaca a los acuerdos sectoriales de sindicatos y patronal que los salarios tarden en ajustarse cuando la economía entra en crisis. Y aboga por dar prioridad a los pactos que se alcancen en cada compañía. "Las empresas con convenio propio disponen de la posibilidad de hacer frente a la crisis recurriendo a combinaciones de ajustes de salarios y de otras medidas dirigidas al mantenimiento del empleo", aduce.

Estas propuestas del Banco de España son similares a las que divulgaron a finales de abril un centenar de economistas académicos. En aquel manifiesto, se proponía usar en las nuevas contrataciones un único modelo, de duración indefinida, que ligara el coste del despido al tiempo que estuviera el trabajador en la empresa.

El supervisor admite que la reforma "puede requerir algún tiempo de maduración". Pero cree que, antes de generalizar el modelo, sí se puede "recurrir a medidas transitorias, como la introducción de nuevas formas de contratación". En este caso, el planteamiento recuerda al de la patronal, que propuso echar mano de forma temporal de un "contrato de crisis" con una indemnización por despido mucho más baja (20 días por año trabajado).

El gobernador valora "la magnitud del esfuerzo fiscal" realizado por el Gobierno. Pero también advierte de "un drástico cambio de panorama, al haberse agotado las posibilidades de la política fiscal". Ordóñez añade que el déficit público se aproximará al 10% del PIB. Y que "las expectativas sobre futuras subidas de impuestos" para reducirlo, como las que aprobó el Ejecutivo el pasado viernes, "podrían terminar esterilizando los efectos expansivos de las medidas adoptadas".