El Gobierno niega el poder de veto autonómico en las cajas intervenidas

El sistema financiero internacional chocó con un iceberg hace casi dos años y desde entonces la crisis ha hecho estragos en los bancos, aunque las entidades españolas siguen casi sin un rasguño. No por mucho tiempo. España fue ayer el último país europeo en sumarse a la larga lista de los que tienen preparado un salvavidas para evitar el naufragio de sus bancos. El Gobierno aprobó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la constatación de que varias entidades -sobre todo, cajas- pueden tener dificultades en breve. Eso provocará fusiones y todo tipo de movimientos tectónicos en el sector. Y reabre la caja de los truenos de las competencias autonómicas por la tutela que ejercen las comunidades sobre las cajas.

Las comunidades mantendrán sus potestades en las uniones voluntarias

El fondo bancario contará con un máximo de 36.000 millones en 2009

La nueva regulación refuerza el poder del Banco de España como supervisor. La institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez pilotará las crisis bancarias que vayan surgiendo y a la postre decidirá a quién se salva y a quién no, qué entidades deben fusionarse y cuáles tienen músculo y salud suficiente para absorber competidores tocados por las turbulencias, el paro y la morosidad. La estabilidad financiera está en juego. Pero nada de eso será sencillo: el proyecto no admite el poder de veto de las comunidades en las cajas intervenidas, lo que amenaza tormenta a lo largo del trámite parlamentario.

La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, dio tras el Consejo de Ministros las claves del proyecto. El Gobierno pone sobre la mesa 9.000 millones de euros, y la capacidad de endeudamiento dará al fondo un margen de maniobra de 36.000 millones este mismo año. "Algunas entidades podrían tener problemas en unos meses", justificó Salgado. El proceso durará años, por lo que el fondo podrá acudir a los mercados de deuda con el permiso del Gobierno hasta un límite de 99.000 millones.

El anteproyecto deja la puerta abierta a las soluciones privadas y a la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos, como hasta ahora. Además, las entidades más o menos sanas que quieran integrarse -y algunas han dado ya pasos en esa dirección- pueden pedir recursos al FROB, a cambio de participaciones preferentes, a devolver en un plazo de cinco años, prorrogables dos años más. Pero el conflicto está servido para los casos de entidades que se asomen al precipicio. Quienes estén cerca de la quiebra deberán enfrentarse al examen del Banco de España: si al supervisor no le convence el plan de viabilidad, intervendrá la entidad, y en ese caso puede forzar una fusión. El proyecto deja claro que no es necesaria "la autorización previa" de las comunidades para esa fusión, pese a que la ley de cajas señala que esa competencia es autonómica.

Esa operativa puede acarrear más de un conflicto del supervisor con varias comunidades, incluso las gobernadas por los socialistas. El Estatuto catalán, además, consagra la competencia exclusiva sobre fusiones. Salgado destacó que no es necesario retocar la ley de cajas, y que en caso de intervención del Banco de España varias sentencias del Tribunal Constitucional señalan que la supervisión "corresponde al Estado", esto es, al supervisor.

Pero el conflicto está ahí. Tanto CiU como ERC y el BNG denunciaron que la nueva norma supone una "invasión de competencias". Andalucía y Cataluña pusieron a trabajar a sus servicios jurídicos ante las dudas que despierta la interpretación del Gobierno. "En el caso de fusiones ordinarias no hay problema. Pero en el caso de una intervención del Banco de España no está tan claro: si no se respetan lo suficiente las competencias autonómicas actuaremos en consecuencia", advirtió un portavoz del Gobierno catalán.

El partido de las cajas se juega también en la arena política: no es sólo una cuestión financiera. Y ahí la polvareda está asegurada. "No va a haber problemas con las cajas que están con dificultades muy graves porque a ninguna autonomía le interesa una quiebra, pero el Banco de España no lo va a tener fácil con las entidades que estén en tierra de nadie: ni lo suficientemente bien como para seguir solas ni con tantas dificultades como para que la intervención sea indiscutible", aseguró Santiago Carbó, asesor de la Reserva Federal, el banco central de EE UU. "La reputación del Banco de España está en niveles máximos, incluso fuera de España, pero la gestión de las crisis que surjan, y hay una docena de cajas con graves problemas de morosidad, va a suponer un examen muy exigente", añadió.

Salgado aseguró que el fondo no costará dinero al erario público: las entidades financieras pedirán fondos a precios de mercado, y deberán devolverlos cuando se saneen (aunque ahí está el caso de Banesto, que acabó costando más de 1.000 millones a las arcas públicas). La vicepresidenta pidió también un ejercicio de responsabilidad a los gestores del sistema financiero y aseguró "la máxima transparencia, aunque salvaguardando la información sensible" para evitar casos como el de Caja Castilla La Mancha. Los gestores del Fondo deberán comparecer en el Congreso tras cada operación y el secretario de Estado de Economía dará explicaciones trimestralmente. Eso sí, será en la Comisión de Economía y no en una especial, como pedía el PP.

El líder popular, Mariano Rajoy, calificó de "parche" el nuevo fondo de salvamento bancario. "No es la ley que hay que hacer para resolver el problema fundamental: la falta de crédito", añadió. Salgado justificó el retraso en el diseño definitivo del fondo por la búsqueda de consenso con partidos políticos, sindicatos y patronales. Pero ayer nadie parecía satisfecho con el anteproyecto. La patronal de las cajas criticó los plazos para devolver las ayudas, "demasiado cortos" a juicio de la Ceca. Los sindicatos alertan del riesgo que puede suponer "socializar las pérdidas" tras años de ingentes beneficios en la banca. Y los partidos nacionalistas ya pusieron el grito en el cielo de las competencias autonómicas incluso antes de conocerse el texto final que el Gobierno llevará al trámite parlamentario.