El Gobierno mete la tijera en inversión para intentar cumplir con el déficit

Las políticas de infraestructuras concentran el grueso del ajuste adicional que el Gobierno se dispone a aplicar de aquí a final de año. De los 654 millones de euros que el Ejecutivo decidió recortar hace unas semanas para compensar otras desviaciones en el Presupuesto de 2011, un total de 500 millones se concentran en el Ministerio de Fomento, según el acuerdo que aprobó el Consejo de Ministros del 14 de octubre, y al que ha tenido acceso este periódico. Todos los ministerios deben apretarse el cinturón en la recta final de año, aunque los sacrificios exigidos al resto resultan testimoniales en comparación con los del departamento que dirige José Blanco.

La partida a la que tendrá que renunciar Fomento, cuando apenas quedan dos meses de gestión presupuestaria, representa el 10% de la dotación prevista para 2011 (aunque el Estado destina mucho más dinero a infraestructuras a través de otros organismos públicos). Pese a todo, un portavoz de este departamento considera asumible la cifra y asegura que se está decidiendo ahora de dónde detraerla para que afecte lo menos posible a las políticas proyectadas.

El ajuste no afecta al gasto social, pero puede penalizar el crecimiento

Los ministerios deberán haber enviado sus propuestas sobre cómo aplicarán esos ajustes antes del próximo 5 de noviembre, según detalla el documento del Consejo de Ministros, de tres páginas.

A mucha distancia, el siguiente ministerio más afectado es Medio Ambiente, con 20,3 millones (ver cuadro). Una cantidad muy similar tendrá que ajustar Defensa (19,9 millones), así como Economía, que ha decidido predicar con el ejemplo al atribuirse un tijeretazo de 18,9 millones de euros, similar al de Industria (18,4).

El resto de ajustes es muy inferior, con Política Territorial como ministerio menos afectado (2,24 millones). El objetivo de este tijeretazo de última hora es acercar un poco más la meta de déficit para este año (6% en el conjunto de Administraciones públicas), aunque la mayoría de los expertos la da ya por perdida.

Al igual que ocurrió con el drástico plan de choque aprobado en mayo pasado, que supuso el mayor recorte social de la democracia, la inversión pública es la gran penalizada por los ajustes. El Gobierno ha concentrado en los ministerios con mayor capacidad inversora (y singularmente en Fomento) las nuevas restricciones.

El motivo es que son políticas más fáciles de podar, pues no implican una rebaja de derechos sociales (algo que sí ocurriría, por ejemplo, si se decidiera retocar las prestaciones por desempleo). De hecho, esta renuncia en el último trimestre del año a cantidades ya presupuestadas se aprobó como respuesta a una desviación del gasto en partidas sensibles como la renta activa de inserción y otras prestaciones y subsidios a parados, la ayuda al alquiler y a la compra de vivienda o la política de dependencia.

Además de esos capítulos, el decreto de no disponibilidad de crédito también compensa cantidades derivadas de la prórroga de la misión española en Libia y el pago a la Seguridad Social de cuotas correspondientes a los profesores de Religión, según anunció la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, en el Consejo de Ministros del pasado 14 de octubre (y según detalla el documento).

Tanto Salgado como otros responsables de su ministerio rehusaron entonces ofrecer la distribución de esas partidas. Los datos a los que ha tenido acceso este periódico demuestran que los nuevos recortes soslayan la impopularidad que supone mermar las políticas sociales pero probablemente afecten más al crecimiento y al empleo a largo plazo, pues las inversiones públicas dinamizan la economía.

Lo más probable es que los ministerios, en la medida de lo posible, opten por una maniobra -legal pero discutible- consistente en retrasar pagos de obras o proyectos ya en marcha. Como a estas alturas del año será difícil paralizar lo que ya esté iniciado o al menos comprometido, los responsables ministeriales pueden pedir a los contratistas o proveedores una demora en las certificaciones, hasta el año próximo. Eso permitiría adecentar el expediente de 2011, aunque comprometería algunas de las partidas que incluyan los Presupuestos de 2012. Pero ya será otro el Ejecutivo encargado de gestionarlas.