El Gobierno endurece las condiciones a las constructoras de obra pública

La secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero, aprovechó ayer los últimos minutos del discurso que pronunció ante la patronal de constructores ANCI para dar un tirón de orejas a las empresas representadas. "Pido al sector que aplique criterios de racionalidad. Si no lo hace, la resolución será mucho más dañina", dijo.

Con estas palabras, la alto cargo de Fomento se refería a las nuevas condiciones para la licitación de obras públicas que marca la Ley de Economía Sostenible aprobada el pasado marzo. Rodríguez-Piñero concretó ante la asamblea anual de ANCI el nuevo marco legal al que se enfrenta el sector, que trata de primar la eficiencia por encima de todo a través de la reducción de costes y el ajuste de los plazos de ejecución.

Fomento rescindirá el contrato si supera un 10% el coste inicial del proyecto

Los frentes de actuación son dos: poner fin a la cultura empresarial de presentarse a un contrato por una cantidad baja con el convencimiento de que a lo largo del proceso logrará unas modificaciones al alza sobre el presupuesto inicial. "En la Unión Europea nadie entiende los modificados. Eso solo ocurre en España", señaló Rodríguez-Piñero tras su comparecencia, en un aparte con los periodistas.

La segunda idea-fuerza es el reequilibrio entre la valoración de la oferta económica y la técnica, que hasta ahora puntuaban lo mismo. La necesidad de ahorrar ha llevado al Gobierno a valorar un 15% más la oferta económica que presentan los licitadores, con lo que pasa a puntuar en torno al 54% frente al 46% de la parte técnica.

Para poner coto a los modificados a los que se acogen las empresas, Fomento rescindirá el contrato a las que planteen un sobrecoste superior al 10% del presupuesto inicial. Rodríguez-Piñero anunció que el ministerio ya tiene listos los nuevos pliegos de contratación, que serán obligatorios en los contratos de obra pública de todas las Administraciones del Estado. La primera obra que Fomento sacará a concurso con estas nuevas condiciones es la variante de Beas-Trigueros (Huelva). El Gobierno pretende que sean las propias empresas las que se autorregulen y que "estudien profundamente" los proyectos antes de presentarse. "Lo que se hacía antes ya no se va a hacer", aseguró tajante Rodríguez-Piñero.

La responsable de Infraestructuras recordó también a las empresas la importancia de ganar tamaño para competir en un mundo globalizado, por lo que recomendó al sector que aborde "procesos de fusión u otros mecanismos de cooperación" entre compañías. Antes de su intervención, el presidente de ANCI, Jaime Lamo de Espinosa, había avisado de que las restricciones presupuestarias del Gobierno provocarán 210.000 nuevos parados a lo largo de este año.