El Gobierno elimina las tarifas básicas de los colegios profesionales

Para ejercer como procurador hay que colegiarse. Este trámite depende de dónde se pretenda trabajar y no es cualquier cosa. Su precio puede variar, y mucho, de un lugar a otro. En Sevilla o Madrid, la cuota a pagar asciende a 6.000 euros. En otros sitios la cantidad baja considerablemente. Es una de las situaciones con las que pretende acabar el Gobierno en una de las dos leyes cuya aprobación ha puesto en marcha el Ejecutivo para adaptar en España la normativa europea de servicios. Quiere que las cantidades a pagar por un millón de profesionales en todo el país para colegiarse se ajusten a los gastos de tramitación.

Éste es uno más de los cambios que conlleva la llamada por el Gobierno ley ómnibus, con la que se trata de acabar con las incompatibilidades que hay entre la directiva europea de servicios y las normas españolas: estatales, autonómicas y locales. La otra norma para adaptarse a las directrices comunitarias es la Ley Sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, conocida como ley paraguas. Esta última es una norma que pretende trasponer los principios de la normativa europea a la legislación española.

La adaptación de la directiva de Servicios supone revisar 7.000 normas

El interés legal del dinero se rebaja al 4% y el de demora, al 5%

Ambas leyes -cuyo fin último es liberalizar el sector servicios, reducir la burocracia y aumentar la competencia- se trataron ayer en el Consejo de Ministros. La ley paraguas, que implica la revisión de 7.000 normas, está más avanzada. Salió del Consejo como proyecto de ley y ahora inicia su tramitación parlamentaria.

La ley ómnibus, que implica la modificación de 46 leyes, va más retrasada (el calendario comunitario da de plazo hasta el próximo 28 de diciembre), se estudió como anteproyecto y dejó fuera uno de los puntos más polémicos, las modificaciones en la ley de comercio, porque choca con las competencias de las comunidades autónomas. Ésta avanza de forma paralela y se abordará en las próximas semanas.

El objetivo del Gobierno es aprovechar la trasposición de la directiva europea de servicios para reformar un sector que genera más del 60% del PIB. "Constituye una oportunidad excelente, declaró el secretario general de Política Economía, Ángel Torres. Con los cambios que la reforma lleva aparejada, el Gobierno pretende impactos positivos sobre el empleo, el consumo, la inversión... Aunque como el mismo vicepresidente económico, Pedro Solbes, precisó, será "a medio y largo plazo". Con el mismo objetivo, aprobó a través de un Real Decreto reformas puntuales de la Ley Concursal y rebajas en el tipo de interés oficial del dinero y el tipo de interés de demora.

- Colegios profesionales. Probablemente serán los más afectados por las modificaciones. La reforma que se plantea es la más ambiciosa del sector desde 1974. Además de facilitar el acceso al ejercicio de la profesión, a través de los cambios en las cuotas de colegiación, el Ejecutivo prevé que la ley ómnibus acabe con los baremos orientativos de precios que establecen los colegios profesionales. Se trata de acabar con un mecanismo que, según explicó Torres, obstaculiza la competencia. Otro objetivo es acabar con la obligatoriedad de los visados, que pasarán a ser voluntarios, salvo cuando las leyes dicten lo contrario. También se permite a los colegiados hacer publicidad directa de sus servicios.

- Autorización administrativa. El cambio en este punto implica pasar de la autorización previa para el inicio de la actividad a la simple comunicación por parte del interesado. Esto, como explicó Pedro Solbes, implica que el interesado conoce y asume las obligaciones que impone desplegar la actividad.

- Ley Concursal. Aprobada en 2003, esta norma, que acoge en su seno a las antiguas suspensiones de pagos y quiebras, se ha demostrado muy rígida en la actual crisis económica. Su modificación también fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros. El principal cambio afecta a la refinanciación de las empresas. Ahora cuando se declara a una compañía en concurso, el juez puede revisar y revocar los acuerdos de refinanciación de deuda con los bancos adoptados por los gestores en los dos años anteriores. Esto provocaba que las entidades financieras pusieran muchas pegas a la hora de abordar una refinanciación si temían que la empresa se viera abocada al concurso. Para evitarlo, la ley blinda este tipo de operaciones siempre y cuando cuenten con el visto bueno del 60% de los acreedores, un plan de viabilidad de la empresa y una escritura pública.

- Seguro de crédito. El aumento de la tasa de morosidad ha provocado que se endurezcan este tipo de préstamos, que aseguran los impagos de las ventas a crédito a los proveedores. Algo que ha castigado especialmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes). Para reactivar este mercado, el Consorcio de Compensación de Seguros va a compartir el riesgo con las aseguradoras a través de un convenio.

- Rebaja de intereses. Los aplazamientos en el pago de impuestos saldrán más baratos al rebajarse el tipo de interés legal del dinero y el interés de demora tributario. El primero, que baja del 5,5% al 4%, se aplica cuando la deuda con la AgenciaTtributaria está garantizada por un aval. El segundo, que pasa del 7% al 5%, es el aplicado al resto de pagos atrasados.

- Puertos. El Gobierno remite también a las Cortes el proyecto de ley de reforma del régimen económico de los puertos de interés general, tres días después de las dos jornadas de huelga de los estibadores en protesta por su contenido. El responsable del mayor sindicato del sector, la Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, explicó ayer que ya ha contactado con el Grupo Parlamentario Socialista para tratar de "mejorar" ese texto durante su tramitación.