El Gobierno duda qué impuestos subir

Lo único que ha quedado claro tras esta convulsa semana parlamentaria es la voluntad del Gobierno de subir impuestos en 2010 para atajar el déficit. Todo lo demás son dudas. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, abrió fuego el pasado martes templando las reticencias del Ejecutivo a la combinación de más IVA y menos cotizaciones sociales. Fue en respuesta a CiU, que abandera esta iniciativa. Un día después, el grupo parlamentario socialista tejía y destejía en menos de seis horas un pacto con IU e ICV para elevar el IRPF a los contribuyentes con rentas más altas y quitarles algunos beneficios fiscales.

El vertiginoso aumento del déficit público pone al Gobierno ante ese cruce de caminos, mientras la oposición proclama que "plantará batalla" para evitar subidas, dijo ayer Mariano Rajoy. España ha sido uno de los alumnos más aplicados en aplicar la receta internacional contra la crisis: sustituir el crédito privado, racionado desde hace un año, con millones de euros en ayuda pública a empresas y familias. "Fue una buena elección, se ha evitado caer en una grave depresión", defiende José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. Pero el déficit galopa hacia el 10% del PIB. Y embridarlo se ha convertido en prioritario.

El déficit público se acercará al 10% del PIB y reducirlo es una prioridad

La rebaja de impuestos, una de las señas de identidad del Gobierno socialista, abre paso ahora a una etapa radicalmente distinta, iniciada hace dos semanas con mayores gravámenes sobre los carburantes y el tabaco. Una medida con la que el Ministerio de Economía pretende recaudar unos 2.000 millones de euros más. "La subida en carburantes se ha quedado corta. La media europea de imposición a la energía es un 1,8% del PIB y en España es un 1,4%", recuerda Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pennsylvania.

El incremento de los impuestos especiales es sólo la primera parada de la revisión del modelo fiscal, que promete medidas más contundentes. La última vez que las cuentas públicas se encontraron en una situación crítica (entre 1992 y 1995), el Gobierno, también socialista, echó mano del IVA. El tipo general pasó del 12% al 16% en tres reformas sucesivas; en la última, se combinó con una rebaja de las cotizaciones sociales. El margen que da la comparación con otros países de la UE (ver gráfico) y la opinión de varios académicos refuerzan la opción de subir de nuevo el IVA. Es una alternativa por la que se han decantado la patronal, el servicio de estudios del BBVA y la Fundación de Cajas de Ahorros. En paralelo, se reclama otra rebaja de las cotizaciones sociales.

"Yo no las bajaría, el sistema de pensiones puede tener dificultades", discrepa Díez. En el Gobierno, la iniciativa encuentra resistencias, precisamente por el precedente de 1995: entonces, el aumento de recaudación por el IVA fue menor del esperado y la inflación se aceleró. "No tiene por qué ocurrir lo mismo; entonces las tensiones inflacionistas eran permanentes, ahora los precios bajan, y eso es una ventaja", dice otro experto fiscal, bajo condición de anonimato.

Los partidos a la izquierda del Gobierno (IU, ERC, ICV) suman a las reticencias del Ejecutivo un argumento ideológico: optar por subir el IVA supondría asumir por igual el impacto de la crisis; elevar el IRPF a las rentas altas dejaría fuera del reparto de daños a los contribuyentes que menos tuvieron que ver con la burbuja inmobiliaria y bursátil. Y que más sufren, en forma de paro, las consecuencias del estallido.

En su fallido pacto con IU y ICV, los socialistas dieron señales de querer volver sobre sus pasos en algunas medidas recientes. Limitar la deducción de 400 euros en el IRPF y el cheque-bebé de 2.500 euros a las rentas medias y bajas encaja en su idea de subir impuestos (en este caso eliminar beneficios fiscales) de forma gradual. Y son digeribles para otros grupos parlamentarios. Pero, al mismo tiempo, su impacto recaudatorio es limitado. Si el tope de renta se pone en los 24.000 euros, como ya se anunció para la deducción por compra de vivienda, apenas sumarían otros 2.500 millones a las arcas públicas.

Hay más reticencias a subir el tipo que se aplica en el IRPF a las rentas más altas del 43% al 50%, otra de las iniciativas de IU e ICV. Salgado prefiere otras alternativas para un efecto recaudatorio que estima mínimo. Es cierto que apenas un 6% de los contribuyentes están en este tramo, pero el importe de la cuota que ingresan roza el 40%.

Las alternativas son, ideológica y técnicamente, opuestas. Pero las alianzas parlamentarias obligan al Gobierno a contemplarlas. Y a dar más tumbos como los que describió esta semana el portavoz de ERC, Joan Ridao. "Han puesto el intermitente a la izquierda para acabar girando a la derecha". O viceversa.