El Gobierno aprobará sin acuerdo social nuevas medidas contra el paro

Apremiado por la intensa destrucción de empleo, el Gobierno ha puesto en marcha nuevas medidas "urgentes" para contenerlo. Pretendía contar con el apoyo de los agentes sociales. Recabarlo en el seno del diálogo social. Hace casi un mes les envió una propuesta con nueve medidas. Se han quedado en siete. Pero ni esa rebaja ha sido suficiente para que sindicatos y empresarios avalaran en su conjunto el nuevo paquete de iniciativas.

Hasta el momento, pocos resultados ha dado en esta legislatura el diálogo social. Ayer fue una prueba de que este instrumento, presentado por el Ejecutivo como uno de los principales activos de la sociedad española frente a la crisis, no pasa por su mejor momento. El paquete de medidas del Gobierno "para el mantenimiento del empleo" fue presentado en solitario por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Quien contrate a un parado podrá utilizar la prestación para reducir costes

La comparecencia llegó tras una reunión de la comisión de seguimiento del diálogo social, aplazada en dos ocasiones la semana pasada por la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes (Gobierno, UGT, CC OO, CEOE y Cepyme). Entre el auditorio, junto a los periodistas, sindicatos y patronal esperando su turno para hacer declaraciones. Nada de fotos de familia.

No ha sido posible. Las discrepancias entre los agentes sociales son amplias. La patronal pide, casi a diario, una reforma laboral que implique la rebaja de los costes de despido y la rebaja de las cotizaciones sociales. Los sindicatos lo rechazan. Señalan que esta reclamación, "de máximos" impide acuerdos en otros aspectos.

Consciente de que en este escenario era difícil alcanzar acuerdos, Corbacho había advertido la semana pasada de que el tiempo se agotaba. Así que ayer Trabajo, un día antes de la presentación de los datos de paro registrado de febrero, lanzó otras siete medidas coyunturales que se suman a las más de 60 que recoge el Plan E. El viernes se tratarán en el Consejo de Ministros. Corbacho prevé que cuesten unos 1.500 millones.

La iniciativa más novedosa es la que permitirá a los empresarios que contraten a un parado con derecho a prestación, obtener una bonificación total de sus cuotas a la Seguridad Social con cargo al importe restante de la prestación del desempleado. El compromiso es que el contrato sea indefinido y, si se rescinde antes de que acabe el primer año, el empresario tendrá que devolver el importe bonificado.

También atañen al instituto público, las bonificaciones de hasta un 100% para impulsar la contratación a tiempo parcial y la posibilidad de aplazar los pagos de cuotas empresariales a la Seguridad Social para las empresas con problemas de liquidez. En cuanto a los ERE temporales, la prestación por desempleo que perciba el trabajador afectado no contará en el caso de que acabe siendo despedido, con un límite de 120 días. Cuando se produzca el despido, el contador de la prestación se pondrá a cero. Las empresas, por su parte, tendrán bonificaciones en las cotizaciones empresariales del 50% en lo correspondiente a los trabajadores afectados por el ERE por un periodo máximo de seis meses.

El paquete se completa con la eliminación del mes de espera sin percepción de renta alguna por parte de quien ve cómo acaba su prestación de parado y pasa a recibir un subsidio por desempleo; el compromiso de dotar de los recursos necesarios a los servicios públicos de empleo para afrontar la situación actual; y la ampliación de las líneas de liquidez del ICO a las medianas empresas.

"El Gobierno entiende que estas medidas han sido debatidas e irán al próximo Consejo de Ministros", afirmó Corbacho. Pero consciente de que no contaba con la aquiescencia de los agentes sociales subrayó que eran "ampliamente compartidas" y que su valoración en el acta de la reunión era "positiva".

No tenían la misma visión los sindicatos. Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, afirmó "reservarse su opinión" sobre el conjunto de medidas. Pero dejó clara su disconformidad con tres de ellas (las referentes a las bonificaciones en las cotizaciones sociales). "Desde las bonificaciones no se crea empleo y en algunos casos se puede producir sustitución de trabajadores", declaró. UGT no fue tan tajante, pero las ve insuficientes. "Van bien direccionadas, pero se deben perfeccionar", afirmó Toni Ferrer.

Por su parte, José María Lacasa, secretario general de la CEOE, ve "positivas" algunas medidas y otras "insuficientes", y calificó de "corto" el resultado final. Y volvió a reclamar reformas del mercado laboral.