Gallardón impugnará la ley de Aguirre en Caja Madrid

El culebrón de las elecciones de Caja Madrid tendrá un nuevo capítulo esta semana. Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, no está dispuesto a que los ayuntamientos se queden sin ninguno de los 64 consejeros de la Asamblea General (compuesta por 320) que tiene asignados la Casa Real. Por ello el jueves impugnará los acuerdos de la comisión electoral. Si no es atendida su impugnación, quizá acuda a los tribunales. Estos pasos podrían paralizar las elecciones y, con ello, la reelección del presidente, puesto ocupado ahora por Miguel Blesa.

El conflicto ha comenzado porque Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha aplicado la nueva legislación de 2009, que le beneficia. Según esta norma, si el Rey renuncia a designar consejeros -como siempre sucede-, los que le corresponden se reparten entre la Asamblea de Madrid (donde Aguirre tiene mayoría), las entidades representativas (controladas por la Comunidad) y los empleados. Los ayuntamientos y los impositores no pueden optar a ninguno. Así, las corporaciones locales pierden 20 consejeros y los impositores, 13 (ver gráfico). El asunto tiene trascendencia porque estos puestos pueden suponer lograr un sillón más en el consejo de administración de Caja Madrid, sometido a equilibrios muy delicados entre las fuerzas políticas.

El movimiento del regidor puede retrasar la sustitución de Blesa

Gallardón considera que, como la renuncia de la Casa Real se realizó en noviembre de 2008, antes de la entrada en vigor de la ley de Aguirre, se deben repartir los consejeros como establece la ley de 2003.

En la comisión de control, constituida en comisión electoral, se pusieron sobre la mesa estas dudas interpretativas la semana pasada. A favor de aplicar la ley de Aguirre votaron los miembros del PP de la Comunidad de Madrid, uno del PSOE, uno de UGT, otro de Comisiones Obreras Comfia (del sector crítico con la dirección) y el representante de Izquierda Unida. Nueve en total. En contra se pronunció el presidente, Fernando Serrano, del PP del Ayuntamiento de Madrid, otro consejero popular, un representante de CC OO de la Federación Madrileña, de la línea oficial, y otro del PSOE. En total, cuatro vocales. Ante la falta de consenso, se puso sobre la mesa un dictamen encargado al bufete de abogados Uría Menéndez. La primera conclusión del informe es que "las peculiaridades del proceso de renovación de los consejeros generales que corresponden al Patronato Real, hacen surgir dudas interpretativas".

No obstante, a continuación, afirma que, en el marco de estas dudas, "existen argumentos jurídicos sólidos para defender que el proceso electoral habría de entenderse concluido antes de la entrada en vigor de la ley 3/2008 y, por lo tanto, ésta no le sería de aplicación". Es decir, los 64 consejeros del Rey se deberían repartir entre cinco instituciones, como pide Gallardón, y no entre tres, como ha hecho Aguirre.

Fuentes jurídicas del Ayuntamiento de Madrid recuerdan que en la renuncia del Rey -el 19 de noviembre de 2008- se apunta que lo hace "de acuerdo con los estatutos". En aquel momento, los estatutos de Caja Madrid establecían que en el reparto de consejeros no se debía excluir al sector de corporaciones locales ni al de impositores. Fuentes municipales consideran que en aquel momento, en noviembre de 2008, se concluyó el proceso de renovación, "debiéndose aplicar la norma vigente ese día para repartir proporcionalmente entre todos los restantes sectores los consejeros" a los que renunció la Casa Real.

Otras fuentes apuntan que la situación podría cambiar si la comisión electoral vuelve a pedir al Rey que se pronuncie sobre los consejeros. "Si vuelve a renunciar, se podría aplicar la última ley, que beneficia a Aguirre".