Cañete prioriza una ley para mejorar el reparto de rentas en el campo

El Ministerio de Agricultura dará prioridad a la tramitación de una ley para la mejora de la cadena alimentaria cuyo proyecto fue aprobado por el Gobierno anterior el pasado mes de julio. El titular del departamento, Miguel Arias Cañete, en sus reuniones con los responsables de las organizaciones agrarias y las cooperativas, no ha prometido grandes inversiones, dados los recortes de recursos, pero sí diálogo y actuaciones políticas en el marco nacional y en Bruselas para la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común o los acuerdos con terceros países.

El desarrolllo de una norma donde se regulen desde una posición de equilibrio las relaciones entre el sector productor, la industria transformadora y la distribución,constituye uno de los principales objetivos del sector agrario y alimentario de cara a la defensa de sus rentas. Productores e industriales, a través de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), coinciden en la necesidad de disponer de instrumentos de defensa ante una gran distruibución donde media docena de grupos controlan el 60% de las ventas de bienes de gran consumo.

El ministro de Agricultura anticipa al sector un recorte de inversiones

El sector reclama el desarrollo de un código de buenas prácticas obligatorio donde se eliminen las actuaciones abusivas de la gran distribución. Se rechazan actuaciones como la venta a pérdidas. Se reclama el cumplimiento de los plazos de pago de 30 dias para los productos frescos y a 60 dias para los productos elaborados. Exigen la prohibición de los pagos atípicos, una regulación de las subastas a ciegas, de las promociones y de las políticas de contratos.

Desde la producción se reclaman medidas para reforzar el poder de negociación de unos agricultores y ganaderos sin ninguna organización ni capacidad para defender sus intereses desde el respeto a las normas de la Competencia, pero con iniciativas valientes que en los últimos años no impulsó la Administración socialista. En esa línea, se propugna una mayor integración cooperativa, así como la posibilidad de negociar contratos desde las organizaciones interprofesionales. En el sector industrial, de las 30.000 empresas existentes, más del 90% son pequeñas y medianas sin posibilidad de negociar con los grandes grupos de la distribución en condiciones de igualdad. En el caso del sector agrario, aunque hay unas 3.000 cooperativas, la realidad es que domina la dispersión en la política comercial.

La necesidad de un mayor equilibrio entre los intereses de los agentes que intervienen en la cadena alimentaria constituye igualmente uno de los objetivos de las autoridades comunitarias y su regulación se contempla en la propuesta para la reforma de la Política Agrícola Común.