Blanco entierra la fiesta de obra pública

Si lo que ha pasado en los últimos años en España ha sido una fiesta de inversión en infraestructuras, el Gobierno anunció ayer que la bebida se acaba, muchos a partir de ahora tendrán que pagar la entrada y que algunas salas de baile, si tienen poco éxito, echarán el cierre. El ministro de Fomento, José Blanco, certificó ayer en el Congreso de los Diputados el fin de una era en la política de obras públicas por los ajustes presupuestarios por la crisis y para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Blanco concretó el tijeretazo que dará su departamento dentro del plan de ajuste de España, pero, sobre todo, avanzó que comienza una nueva etapa: "El Gobierno está decidido a revisar viejos dogmas. Porque no está de más recordar una obviedad: en materia de infraestructuras nada es gratis". "El que usa paga y el que contamina paga", añadió aludiendo a los principios de la Unión Europea para un futuro sistema de financiación de las infraestructuras. "Nos replantearemos la construcción de autovías en corredores donde existen autopistas de peajes no saturadas, con medidas que favorezcan la accesibilidad y la cohesión territorial". "Debemos replantearnos la prestación de servicios ferroviarios" cuando demanda o justificación social. Una batería de afirmaciones para anunciar un punto de inflexión.

Se rescinden 32 contratos, pero 14 de ellos se readjudicarán

El ajuste inversor salva al AVE y se centra en autovías y carreteras

A corto plazo, un total de 32 contratos de obras públicas en marcha se rescindirán, pero 12 recuperarán través de un plan de colaboración público privado, y otros dos se adjudicarán de nuevo. Así que son 18 los que no verán la luz. Las rescisiones suponen unos 926 millones menos de inversión. Además, hasta 199 proyectos por valor de 8.700 millones sufrirán demoras de uno a cuatro años. En total, el 20% de los contratos se verán afectados por el plan de ajuste del Gobierno. En euros contantes y sonantes: más de 9.600 de los 33.000 millones de inversión en ejecución.

Los diputados esperaban la lista de obras como quien aguarda una lotería (en la que el premio no es premio, claro), comentado en un receso cuántas podían caer en Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia...

El recorte perdona la vida a la inversión en alta velocidad (AVE) y se centra sobre todo en carreteras y autovías, aunque Fomento remarca que España es el primer país europeo en kilómetros de autopistas y autovías. Se ha optado por cancelar principalmente proyectos con modificaciones presupuestarias al alza elevadas, aquellas atractivas para la colaboración público-privada y aquellas vías alternativas a otras que no están saturadas.

El ministro confirmó su compromiso de poner en funcionamiento el AVE Santiago-Orense en 2011 y Lubián-Orense en 2015. Algunos Gobiernos regionales ya manifestaron ayer sus quejas, pero es difícil concretar las comunidades más perjudicadas. Por número de contratos totalmente cancelados, que no se recuperan en el plan de financiación público-privada, Castilla y León será la más perjudicada: cuatro proyectos caen del todo, pero tiene inversiones de Fomento en marcha por valor de 4.860 millones de euros. Así que, en términos porcentuales, el ajuste queda en el 4%. En porcentaje de inversión, Murcia es la que peor queda: sólo pierde la autovía del Reguerón, pero es el 44% de los 475 millones de inversión que tiene en marcha, según fuentes del Ministerio. Se libran de las rescisiones Canarias, Navarra, Baleares, La Rioja y País Vasco.

Fomento concretará la lista de obras afectadas por los retrasos en los Presupuestos Generales del Estados (PGE), pero Blanco ya avanzó algunas demoras, como el inicio de las obras para la conexión ferroviaria con la nueva terminal del aeropuerto de El Prat o el AVE a Alicante.

Blanco apuntó que se cerrarán las líneas de tren por falta de demanda o de interés público, pero recalcó que quiere liberalizar el sector, pero para ello "debe adecuarlo para competir".

El ajuste se enmarca en el plan de recorte del Gobierno y para Fomento se traduce en 6.400 millones de euros que se dejarán de invertir entre 2010 y 2011 y unos 2.600 millones de euros de ahorro en gasto corriente en el mismo periodo. El ajuste viene después de seis años en el que se han invertido en redes de comunicación y transportes hasta 86.000 millones de euros.

Empresas y sindicatos se llevaron las manos a la cabeza por el efecto que puede tener en el empleo: la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) pronostica una cadena de despidos que se atrevió a cifrar en la pérdida de entre 75.000 y 110.000 empleos, mientras que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT calcularon 115.000 empleos menos en dos años.

Blanco reconoció que el plan "tendrá repercusión sobre la actividad y el empleo", también llamó al sector de la construcción a "reestructurarse, como lo están haciendo otros sectores que en los últimos años han experimentado un gran crecimiento basado en un desarrollo que excede de las necesidades del país".

Fomento confía ahora buena parte de los proyectos al plan de colaboración público-privada. Blanco también se presentó en el Congreso con el anuncio de que este año se licitará obra pública a cargo de los presupuestos ordinarios por valor de 5.568 millones de euros.

La ley contempla que las empresas que vean rescindidos sus contratos pueden pedir una compensación de hasta el 6% de la inversión licitada, pero el Gobierno confía en llegar a acuerdos con las compañías, de quien no deja de ser su primer cliente y con quien estas querrán estar a bien para otros contratos.

"No les pido su apoyo incondicional. Tampoco que no nos critiquen. Solo que sean conscientes de la realidad en la que estamos y que colaboren", apeló a los diputados. Estos, en efecto, no le apoyaron y sí le criticaron. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, se quejó de la "filosofía de copago" y "privatización" que dedujo de las palabras de Blanco.

El diputado del PP Andrés Ayala se quejó de la inconcreción y advirtió de que el recorte "desequilibrará y desvertebrará el país, aumentará las diferencias entre los territorios y romperá las legítimas expectativas de los ciudadanos". Por su parte, Macias reclamó otras medidas, como una moratoria en la construcción de nuevos AVE o peajes en más carreteras.