El Banco de España encarga una auditoría de urgencia de la CAM
PWC y los bancos HSBC y Crédit Agricole realizan, además, una valoración de la caja. -El FROB quita las vacaciones a los ejecutivos y a los directores de oficina
Todo son urgencias, prisas y tensión. La sensación que tienen los ejecutivos que trabajan en la Caja Mediterráneo (CAM) es que los interventores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, quieren que la subasta de la entidad se haga en poco más de un mes: a principios de septiembre. Con la experiencia de intervenciones pasadas, intentan ganar tiempo a las vacaciones de agosto y liquidar el asunto con rapidez. Las primeras medidas tomadas confirman esta tesis.
El fondo de rescate, que ha decidido nacionalizar la CAM con una inyección de 2.800 millones en el capital, ha encargado una auditoría de urgencia a KPMG, la firma que ha analizado las cuentas de la entidad desde principios de los años noventa. El objetivo es conocer el deterioro patrimonial que ha tenido la caja desde el cierre de 2010. El año pasado la CAM solo presentó cuentas individuales porque estaba en proceso de fusión con el Banco Base (capitaneado por Cajastur) y no hizo públicas las consolidadas. La CAM ganó 244 millones en 2010 y hasta marzo logró 39,8 millones. Fuentes del mercado dan por seguro que el deterioro de los activos, por el incremento de la morosidad, llevará a la caja a pérdidas.
KPMG medirá el deterioro de las cuentas en lo que va de año
Además, el supervisor ha pedido a los bancos HSBC y Crédit Agricole y a PWC que haga un informe de valoración de mercado de la caja. Este trabajo es complejo porque parte de la auditoría es real, pero otra parte proyecta lo que la entidad puede ganar o perder en el tiempo. El objetivo es realizar una valoración que determine con qué parte del capital se queda el FROB, que estará cerca del 85%. De todas formas, la salida a Bolsa de Bankia y Banca Cívica ha determinado que estas cajas -que dan beneficios- se estrenaron en el mercado con un descuento del 70% sobre sus recursos propios. El informe que realicen estas sociedades puede ser una referencia para los posibles compradores.
Los bancos y PWC y KPMG no pueden hacer estos cálculos en solitario: necesitan a los ejecutivos de la caja. Por eso, el administrador del FROB José Iturriaga ha lanzado un videocomunicado en el que anuncia que se han "eliminado las vacaciones para todo el equipo directivo y los directores de oficina con el fin de que todos estén preparados para retener saldos y atender a los clientes". Iturriaga les pide incluso que utilicen el gancho de que la caja "tiene un apoyo público que no se puede desechar como argumento comercial para eliminar la incertidumbre".
El FROB también dice que el momento actual "es de ruptura" y pide que la plantilla redoble los esfuerzos cuando la entidad se está preparando para "la mejor venta a los postores posteriores a los que invitaremos para la compra" de la CAM. El mensaje no deja dudas de que el FROB trata de frenar la fuga de depósitos, que se está produciendo entre clientes extranjeros -que no entienden bien lo que está pasando- y los de renta media alta, que no se fían de la situación.
La suspensión de vacaciones está creando fuerte malestar en las oficinas y la dirección. En banca se pide que los máximos responsables tomen vacaciones en agosto; ya estaban hechos los turnos y ahora el encaje está siendo complicado, al margen de hoteles, apartamentos, vuelos ya contratados que se pueden perder. Además, en la dirección hay malestar y frustración porque se sienten víctimas de una gestión que ellos no decidieron y que ahora van a pagar
Por otro lado, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, abogó ayer por imponer una condena "ejemplarizante" a los consejeros de las cajas que actuaron de forma "irregular", y sugirió que las sanciones deben extenderse al supervisor por consentir o silenciar estas actuaciones, informa Néstor Cenizo. Lara ve un "paralelismo total" entre los motivos que han llevado a la intervención de la CAM y los de la CCM por la actuación del PP y del PSOE, y pidió la nacionalización "definitiva" de las entidades intervenidas.
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