El Congreso mexicano consuma la desaparición del INAI en medio de la incertidumbre laboral de un puñado de trabajadores

El Congreso mexicano ha terminado de darle el tiro de gracia al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La Cámara de Diputados ha aprobado este jueves el paquete de leyes secundarias que regulan la reforma constitucional que dio paso a la extinción del organismo autónomo encargado de garantizar la transparencia del Estado mexicano y sus entes desconcentrados. El final del organismo ha estado marcado por jornadas de protesta de trabajadores que quedaron en la deriva laboral con la extinción. El Gobierno de Claudia Sheinbaum salió a calmar la turbulencia que generó la falta de certeza para los trabajadores. El legislativo, a la hora de aprobar la reforma y sus leyes reglamentarias, no consideró salvaguardar los derechos de los trabajadores con un fondo presupuestal para liquidar al personal por el término de la relación laboral que implica la desaparición del instituto. Las demandadas laborales han sido cumplidas parcialmente.

“Se va a cumplir la ley”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina de este jueves para calmar las protestas y los bloqueos que mantenían colapsado el sur de Ciudad de México. El cumplimiento de la ley ha sido parcial, hasta este jueves. Mientras la Cámara baja discutía las nuevas legislaciones con las que se crean las reglas de operación de Transparencia para el Pueblo, el ente que se convertirá en el brazo ejecutor de la transparencia, en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el pleno del INAI aprobaba por unanimidad, en sesión extraordinaria, el acuerdo con el que se finiquita a 419 personas del servicio profesional de carrera, como adelantó la presidenta. La oferta para los trabajadores ha sido 90 días de salario más 20 días por año laborado. Pese a todo, otra tanda de trabajadores, aproximadamente 320, no ha corrido con la misma suerte, continúan en la incertidumbre sobre el futuro de sus puestos de trabajo, o bien, de sus liquidaciones.

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Buen Gobierno, será la encargada de terminar con la incertidumbre de los más de 300 trabajadores, denominados de libre asignación. La funcionaria sostendrá la tarde de este viernes una reunión con la representación laboral.

La muerte del INAI no es menor. A través de las solicitudes de información que se realizaron mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, se dio a conocer el expediente de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El INAI instó a la Fiscalía General a revelar la investigación sobre las siete fosas clandestinas encontradas en 2010, donde fueron hallados restos de 196 personas. También ha servido para destapar otras cloacas, como la Estafa Maestra, una investigación periodística que sacó a la luz el desvío de 7.600 millones de pesos a través de una triangulación de recursos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque el origen de la investigación fue un informe de la Auditoría Superior de la Federación, el instituto emitió 252 resoluciones, forzando a las instancias a responder a las solicitudes, que eventualmente contribuyeron a confirmar la ruta del dinero. El instituto también destapó casos como la Estela de la Luz, renombrada la Estela de la Corrupción, erigida en el sexenio de Felipe Calderón. El monumento conmemorativo de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México representó un costo millonario de 1.300 millones de pesos para la hacienda pública.

La agonía del INAI ha sido lenta. En febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de reformas constitucionales que tocaban distintas áreas del Estado. La extinción de siete organismos y entes autónomos, entre ellos el INAI, estuvo dentro de las enmiendas de gran calado. Tras la elección del 2 de junio y el éxito electoral de Morena y sus partidos aliados, PT y PVEM, que se llevaron el carro completo y la mayoría calificada en el Congreso, las reformas presidenciales vieron la luz para ser aprobadas bajo la Administración de Sheinbaum y sin necesidad de los votos de la oposición. Los esfuerzos de algunos comisionados por salvar al instituto fueron estériles, no pudieron persuadir al Gobierno de mantenerlo con vida. “No tiene ningún sentido que permanezca”, repitió la mandataria en innumerables ocasiones sobre el INAI.

Las presuntas irregularidades y los escándalos por supuestos malos manejos de los recursos del organismo marcaron los últimos años del INAI y fueron un argumento más utilizado por el oficialismo para desaparecerlo. La Auditoría Superior de la Federación ha ido destapando casos de nepotismo, falta de control y supervisión en la gestión de fondos públicos, erogaciones no justificadas, irregularidades que ascienden a 8.300 millones de pesos.

En el debate en la Cámara de Diputados ha salido a colación la falta de transparencia del instituto. Claudia Rivera, diputada de Morena, sostuvo que el organismo se convirtió en un instituto caro, burocrático y opaco, y dijo que las nuevas leyes desmantelan el régimen de corrupción y simulación. Las críticas del bloque opositor, formado por las bancadas del PAN, PVEM y PT, no han servido de nada. Las nuevas reglas de transparencia permiten al Gobierno negar información cuando comprometa proyectos prioritarios, telecomunicaciones, la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional o la paz social. “Al pueblo de México les informamos que este régimen de destrucción da la estocada final al sistema democrático y de transparencia y lucha contra la corrupción en nuestro país. Presidenta, Claudia Sheinbaum, prometió transparencia al infinito y nos da opacidad eterna y corrupción”, dijo el panista Héctor Saúl Téllez.

Transparencia para el Pueblo tiene acta de nacimiento. La aprobación de las nuevas disposiciones marca la hoja de ruta para su creación. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, así como las enmiendas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal han sido aprobadas y son la base que sustenta al nuevo ente encargado de la transparencia en México.