El juez investigará a CDC por el 'caso Palau', pero evita más imputaciones

El juez Juli Solaz, cuestionado por su parsimonia en la investigación del saqueo del Palau de la Música, ha tomado una última resolución sobre el caso antes de marcharse a la Audiencia de Barcelona: ha abierto una investigación separada para aclarar si hubo financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la institución. Aunque ve "indicios de delito" por el presunto cobro de comisiones ilegales, Solaz ha decidido no imputar al ex tesorero del partido Daniel Osácar ni al actual secretario de Inmigración, Àngel Colom, como solicitaba la fiscalía.

El juez ha acabado haciendo lo que, tras un cambio de criterio que ha irritado a la oposición, planteó el Consorcio del Palau de la Música: que, en caso de abrirse una pieza separada, el juez no imputara a ningún cargo de CDC. El consorcio está integrado por el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que tiene mayoría y esta semana envió al juez, de forma unilateral, dos escritos. En el primero pedía que se diera carpetazo a la investigación. En el segundo solicitaba que, al menos, no hubiera nuevas imputaciones.

El fiscal pedía que se imputara a Daniel Osácar y a Àngel Colom

La pieza separada deberá aclarar si Convergència recibió 5,9 millones

En su auto, el juez critica los vaivenes del consorcio, que bajo el tripartito siguió la estela de la fiscalía y ahora, con el Gobierno de CiU, se ha desmarcado de ella. Su posición "cambiante y particularmente confusa" sitúa al órgano rector del Palau en una "completa desorientación" que, a su juicio, "en nada facilita la investigación". El juez recuerda que la fundación y el Orfeó se opusieron a la investigación de algunos hechos -pese a ser perjudicados por el expolio-, lo que "obedece a motivos ajenos al ámbito judicial".

La nueva investigación se centrará en aclarar si CDC recibía pagos de la empresa Ferrovial en una trama en la que el Palau de Fèlix Millet y Jordi Montull, sus saqueadores confesos, actuó como intermediario. El juez cree que existen indicios de delito basándose en un informe de la Agencia Tributaria, que cifra en 5,9 millones de euros el dinero que fue a parar a las arcas del partido nacionalista en concepto de comisiones ilegales. Estos pagos se derivan de la adjudicación de obras públicas de envergadura, como la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. Según la fiscalía, Ferrovial aparentaba destinarlos a fines culturales.

En la trama de financiación irregular supuestamente participó "únicamente un núcleo reducido" de los imputados hasta ahora por el desfalco, por lo que el juez pide a la fiscalía que especifique quiénes son. Solaz añade que podría haber "terceras personas", pero no concreta nombres y no se pronuncia sobre las imputaciones que pide la fiscalía.

El juez acepta la petición fiscal "de forma parcial", ya que la pretensión de investigar todas las salidas de dinero en efectivo supondría "vaciar de contenido la causa principal", en la que se analiza el desvío de fondos de Millet y Montull. Antes de abandonar el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Solaz subraya que las pesquisas sobre el saqueo están "prácticamente concluidas" y confía en que la pieza separada "agilizará" la investigación.El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, compareció a mediodía y celebró la decisión del juez Solaz de abrir una pieza separada para investigar la presunta financiación irregular de Convergència. La Generalitat quiere que "se llegue al fondo de la cuestión", dijo, y "conocer con toda profundidad y amplitud los hechos cuestionados por la fiscalía". "Somos los primeros interesados, por razones obvias, por filosofía y por transparencia", añadió. Homs, en cualquier caso, pidió que "se dejen de lado" los prejuicios de "algunos responsables políticos" y "se priorice la presunción de inocencia y el Estado de derecho". Homs también defendió los servicios jurídicos de la Generalitat y dijo que "no han variado su postura" desde el pasado mes de octubre, aunque obvió las modificaciones que se han producido en los escritos que el consorcio envió al juez.

Desde la oposición, el diputado del Partit dels Socialistes (PSC) Joan Ferran instó al presidente, Artur Mas, a que "no dé excusas" y aclare la presunta financiación irregular de Convergència. Ferran corresponsabilizó al consejero de Cultura y ex militante del PSC Ferran Mascarell de las decisiones de la Generalitat en el consorcio del Palau. En un tono más conciliador, el jefe de las filas socialistas en el Parlament, Joaquim Nadal, celebró la decisión del juez y llamó a todos los partidos a "dejar que la justicia trabaje tranquila", una petición velada de que los grupos no pidan comparecencias en el Parlament de miembros del Gobierno.

Iniciativa per Catalunya sí pidió la comparecencia en la Cámara del consejero de Cultura, Ferran Mascarell, para que dé explicaciones sobre las decisiones del consorcio. El PP señaló que la decisión de Solaz "deja en evidencia" al Gobierno de CiU, y ERC la consideró "una bofetada y un correctivo" al Gobierno.