Un juez investiga por 'mobbing' al presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña

El Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la denuncia presentada por la fiscalía en la que acusa de un delito de coacciones a Luis Miguel Pahissa, presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña. El fiscal relata que Pahissa, ejerciendo como administrador de fincas, ha venido coaccionando durante más de 14 años a una anciana inquilina y a su hija para que abandonen el piso. Las mujeres abonan una renta antigua y aseguran que desde ese tiempo Pahissa "les hace la vida imposible", igual que a otros dos inquilinos.

La vivienda en la que se está produciendo el supuesto delito de coacciones y que se concreta en el mobbing inmobiliario está situada en el número 18 de la calle de Urgell de Barcelona. Allí habita en la actualidad Dolores Prados Marín, de 76 años, con su hija María Dolores Acosta Prados, de 48. Abonan un alquiler de 275 euros por una vivienda de 108 metros de superficie, un precio muy asequible teniendo en cuenta cómo está el mercado inmobiliario.

Hace más de 25 años que ocupan ese piso, el tercero primera, y anteriormente habían vivido en la planta justamente superior, pero tuvieron que abandonarla por las goteras que sufrían. Luis Miguel Pahissa es el administrador del edificio desde hace 15 años y, al poco tiempo de empezar a ejercer como tal, madre e hija relatan que las empezó a coaccionar para que abandonasen la casa, compuesta de 10 viviendas y en la que sólo quedan tres pisos ocupados.

En todos ellos viven ancianos que no están sujetos a la liberalización de alquileres que supuso la Ley de Arrendamientos Urbanos. Durante los últimos años pasó por allí un sinfín de inquilinos que acabaron marchándose por sus desencuentros contra Pahissa. Entre ellos Jordi Portabella, ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona por ERC.

Las dos inquilinas del tercero primera acudieron a denunciar el mobbing inmobiliario al Ayuntamiento de Barcelona. Allí dieron tanta verosimilitud al caso que lo remitieron a la fiscalía el pasado mes de enero por si la actuación de Pahissa podía ser delictiva. La fiscalía abrió diligencias, tomó declaración a las inquilinas, investigó el caso y dos agentes de la Guardia Civil comprobaron sobre el terreno y con documentos lo que relataban. Al final, el fiscal denunció los hechos y le correspondió investigarlo al Juzgado de Instrucción número 23, que ya ha abierto diligencias contra Pahissa y contra la propietaria de la vivienda, Esther Guisasola Sagalà.

Pahissa ha declinado el requerimiento de EL PAÍS para analizar las acusaciones que pesan sobre él. "El caso está sub judice y hemos de ver cómo acaba", aseguró. También se negó a facilitar el nombre de su abogado defensor.

Las mujeres explican que el acoso inmobiliario arranca del año 1993, cuando falleció el esposo y padre de las inquilinas actuales y Pahissa y la propietaria se negaron siempre a recibir el requerimiento notarial en el que se comunicaba la subrogación del contrato. Desde entonces, las dos mujeres explican que el hostigamiento ha sido continuo. Los tres inquilinos actuales, por ejemplo, comparten un solo contador de agua, de manera que cuando lo utiliza uno de ellos disminuye la presión, se reduce el caudal para el resto de vecinos y no funcionan los calentadores de agua.

Hace años, siguen relatando las mujeres, se realizaron obras en la comunidad y estuvieron 16 meses sin suministro de gas, por lo que tuvieron que cocinar en un fogón de cámping gas. Pero el comportamiento más indecente que reprochan a Pahissa es que hace años que no les gira los recibos de alquiler. La ley establece que en caso de incumplimiento de pago de varios meses de la renta se puede iniciar el proceso de desahucio. Las mujeres, sin embargo, conscientes de la artimaña, consignan mensualmente el dinero en los juzgados y le han remitido un sinfín de faxes y mensajes de correo electrónico para que Pahissa cese en su actitud.

"Solamente ha empezado a cambiar [Pahissa] desde que supo que la fiscalía lo estaba investigando", explica María Dolores Acosta. "Ahora, por lo menos, nos pasa los recibos", añade.