El fiscal del 'caso Pallerols' pide cárcel para ex dirigentes de Unió

El fiscal solicita penas que suman entre 7 y 11 años de cárcel para seis acusados en el caso Pallerols, de supuesta financiación irregular de Unió a través de los fondos públicos de la Generalitat destinados para la formación de parados. La fiscalía les acusa de los supuestos delitos de malversación, cohecho y falsedad presuntamente cometidos al desviar para el partido los fondos procedentes del Departamento de Trabajo que obtuvieron las academias del empresario andorrano Fidel Pallerols.Por ese motivo, el escrito del fiscal Fernando Rodríguez Rey considera que Unió debe responder como responsable civil subsidiaria y devolver a la Generalitat 595.972 euros si se acredita en el juicio la malversación.

Entre los acusados figuran cinco militantes de Unió, dos de los cuales ocupaban cargos de dirección entre 1994 y 1999, cuando ocurrieron los hechos. La fiscalía considera que existió "un mutuo acuerdo" entre los cargos del Departamento de Trabajo, cuyo titular era entonces el democristiano Ignasi Farreras, con el fin de desviar para Unió el 10% de las subvenciones públicas. El fiscal solicita que el ex consejero testifique en la vista, así como los ex diputados de Unió Enric Millo y Pere Grau.

La tesis del fiscal es que el dinero desviado se empleó para comprar material de oficina e informática para las sedes de Unió y para pagar a militantes que, sin trabajar, estaban en nómina de esas empresas. Unió aseguró que "nunca" se financió con fondos públicos y rechazó las imputaciones.En esa conjunción de intereses, el fiscal considera que "tuvo un papel decisivo" el que fuera secretario de organización de Unió entre 1992 y 1996, Vicenç Gavaldà, para quien solicita 11 años de cárcel. Fue él quien "actuó procurando vías de financiación para las actividades y gastos de UDC" y quien "urdió y medió en los pactos relativos a los importes de las subvenciones que cada año se destinarían a las empresas de Fidel Pallerols, así como en las cantidades que de las subvenciones se iban a detraer" para financiar al partido.

Otra acusada es Dolors Llorens, miembro del comité de gobierno del partido y consejera nacional desde 1992. Entre 1993 y 1995 fue jefa de servicios del Departamento de Trabajo y desde ese año hasta 1999, subdirectora general de empleo.

También está acusado Santiago Vallvé, militante desde 1987 y que ya acumula una condena de un año y un mes de cárcel por prevaricación y malversación de un millón de euros procedentes del Consorcio de Turismo de Cataluña. Vallvé afronta una petición de pena de siete años de cárcel y el fiscal asegura que "vio la oportunidad de obtener de las subvenciones una vía de sufragar gastos del propio partido y sus responsables".

El fiscal imputa igualmente a Lluís Gavaldà, hermano de Vicenç, para quien solicita nueve años y 10 meses de cárcel. Es militante de Unió desde 1986 y fue director general de Trabajo de 1993 a 1999.

La otra acusada es María Cruz Guerrero, esposa del empresario Fidel Pallerols y que dejó de militar en Unió en 1998. La mujer fue apoderada de las tres empresas que gestionaban las academias y a través de las que se articuló el fraude.

La fiscalía cuantifica el perjuicio causado a las arcas públicas de la Generalitat en 595.972 euros más intereses y entiende que deben abonarlo Vicenç Gavaldà y Santiago Vallvé. En caso de que se declaren insolventes, se pide que Unió responda por ellos y que, alternativamente, el partido de Duran sea declarado partícipe a título lucrativo y abone 197.284 euros por el dinero del que se benefició. Hasta 38.978 euros corresponden a compras de material de oficina e informática para las sedes de UDC y 158.306 euros son en concepto de nóminas.