El fiscal acusa a 11 policías y guardias civiles que asaltaban a 'narcos'

El fiscal Fernando Bermejo ha presentado escrito de acusación ante la Audiencia de Barcelona contra 25 personas a las que acusa de formar parte de una red de corrupción policial, narcotráfico y extorsión. Les imputa los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho, tráfico de drogas, detención ilegal, revelación de secretos y blanqueo de capitales y solicita para ellos penas que oscilan entre los dos años y medio y los 50 de cárcel.

Entre los acusados hay nueve guardias civiles (entre ellos el teniente coronel Alfonso López Rubio, un suboficial y un sargento), dos inspectores jefe del Cuerpo Nacional de Policía (los hermanos gemelos Antonio y Carlos Giménez Raso) y el entonces periodista de El Mundo Fernando García, al que el fiscal imputa calumnias y estafa. El resto son delincuentes con antecedentes a los que el fiscal califica de "soldados" porque se limitaban a obedecer órdenes.

La banda robó 220 kilos de cocaína de un contenedor del puerto

La actividad de la banda se centró en asaltar a los narcotraficantes en el área de Barcelona, haciendo prevalecer su condición de agentes y aprovechando la información que manejaban para incautarles la droga que después vendían y de la que no dejaban rastro. La acción más importante sucedió en 2005 en el puerto de Barcelona, cuando la banda robó 220 kilos de cocaína de un contenedor procedente de Venezuela.

Se trata de una de las mayores redes de corrupción policial destapadas nunca en Cataluña y caracterizada por la extrema violencia de sus integrantes. Así se explica, relata el fiscal, que el caso estuviera parado en los juzgados durante más de 15 meses "entre otras razones por causas ajenas a la Administración de justicia tales como la violencia inusitada que demostraron algunos de sus miembros". Basta recordar, añade el fiscal, los graves insultos que profirieron algunos de los acusados a la juez que les tomó declaración, al secretario judicial y al fiscal del caso, David Martínez Madero, fallecido hace un mes y que se entregó por completo para que la investigación pudiera prosperar.El fiscal sitúa en la cúspide de la red de corrupción a Javier Segura y en el "núcleo delincuencial de la Guardia Civil" a los agentes Antonio Sáenz Martínez y Roberto de Prádena, para los que solicita penas que suman 52, 26 y 13 años de prisión, respectivamente. Ellos eran los que dirigían las actuaciones de la banda y coordinaban a todos sus integrantes.

La primera actuación se produjo en el verano de 2000, cuando viajaron a Marruecos en vehículo para buscar 175 kilos de hachís, de cuyos beneficios participaría uno de los inspectores de policía implicados. El viaje se frustró al ser detenidos por la policía marroquí. Lo volvieron a intentar unos meses después, cuando engañaron a un traficante para que les entregase otros 100 kilos de hachís. En el camino, un vehículo de la Guardia Civil con algunos de los acusados a bordo lo interceptó y el traficante se quedó "sin el hachís y sin el dinero, mientras que el grupo se repartía los beneficios procedentes de la dicha droga obtenida ilegalmente", dice el fiscal.

Pero el golpe estrella se produjo la madrugada del 21 de enero, cuando reventaron un contenedor almacenado en el puerto de Barcelona y fueron sacando diversos paquetes de cocaína de gran pureza hasta sumar 220 kilos. Entonces, el valor de un kilogramo en el mercado era de 30.000 euros, recuerda el fiscal. En realidad, el contenedor guardaba otros 180 kilos de cocaína. Horas después de que se marcharan, acudieron al lugar otros delincuentes y se llevaron 100 kilos de la droga que había quedado. El jefe de la banda, Javier Segura, que salió en libertad el pasado mes de junio por decisión de la Audiencia de Barcelona, se enteró y acudió con su lugarteniente Daniel Ribelles a buscar a ese delincuente el 1 de marzo de 2005. Lo llevaron al parque de Collserola, le dieron una paliza y al final le pegaron un tiro en la piernas. Luego lo dejaron en el hospital de Vall d'Hebron, al que nunca entró el herido, recuerda el fiscal.

La instrucción del caso que llevó el Juzgado de Instrucción número 3 de Martorell y que nunca recibió, por cierto, muestras de apoyo público del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que presidía Maria Eugenia Alegret, quedó paralizada unos meses al no poderse avanzar y tras la marcha de la juez. Pero en enero de 2008, uno de los imputados decidió colaborar con la justicia, explicó lo que sabía y los principales acusados acabaron en prisión, relata el fiscal.

Es entonces cuando, según su relato, entró en escena el periodista de El Mundo, escribiendo artículos para desacreditar la carrera profesional del coronel Miguel Alarcón Gómez y su unidad operativa de la Guardia Civil, que se había mostrado implacable en perseguir a sus agentes corruptos. De esta manera, empezaron a publicarse artículos, que servirían de base para presentar querellas contra ellos por diversos delitos.

Por lo demás, el relato del fiscal relata la abundancia de inmuebles que poseen algunos de los acusados y que, supuestamente, fueron comprados con los ingresos procedentes de la venta de la droga.