Dos de cada tres dependientes con derecho a ayuda se quedarán sin ella en 2009

La Ley de Dependencia, a punto de cumplir dos años de su entrada en vigor, sigue sin atender a las personas dependientes: dos de cada tres catalanes susceptibles de recibir ayudas por su discapacidad quedarán al margen de la normativa en 2009. Los motivos del desamparo van desde la mala planificación de la ley a la lentitud en su aplicación y a la falta de financiación para pagar las ayudas y de información recibida por las personas que podrían tener derecho a recibir prestaciones. Así lo establece un estudio del Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (CTESC) presentado ayer.

"La ley es positiva, pero su incidencia en la población es un fiasco. El año que viene sólo un tercio de los dependientes recibirá el apoyo que se prometió a todos los afectados", apuntó María Luisa Fernández, consejera del CTESC y coautora del informe. De los 204.000 catalanes que podrían acogerse a la ley, unos 67.000 recibirán algún tipo de prestación en los próximos 12 meses, advierte el informe. En septiembre, fecha de los últimos datos conocidos, eran 31.161. Las peticiones hasta ayer rondaban las 140.000.

"Las previsiones iniciales casi se han triplicado. Lo importante es que en 2009 habrá más ayudas que en 2008 y más que en el resto de España", dijo como justificación la consejera de Acción Social, Carme Capdevila. Los cálculos realizados por el Gobierno central en 2005 quedaron cortos desde el primer día. Los números indican que Cataluña ha desarrollado más la normativa que el resto de las comunidades autónomas. También que un informe de 2006 de la Generalitat ya recogía que las previsiones del Gobierno central eran inasumibles. Pero al final nada ha evitado que los datos de la realidad no cuadren con el desarrollo de la ley.

Al margen de los problemas para tramitar las ayudas, el grueso de los dependientes (unos 80.000) ni siquiera las ha solicitado. "No se ha informado a la gente de que puede pedir prestaciones", protestó Fernández. "Igual que se notifica a los ciudadanos que deben pagar el IRPF, la Administración debería comunicarles su derecho a las ayudas. Nadie ha hecho nada al respecto", añadió. Los retrasos y los problemas burocráticos han echado el resto: muchos han optado por esperar ante el desbarajuste burocrático. "Las ayudas de dependencia son para privilegiados", zanjó Fernández.

El mercado laboral también da cuenta del escaso impacto de la ley: en los últimos cinco años, el sector social ha crecido en Cataluña el 29% menos que la media de la UE. El territorio debe crear 25.500 empleos al año para equipararse a la media europea.