Los ayuntamientos alertan de un colapso de sus finanzas el próximo año

La factura de las máquinas quitanieves al ayuntamiento de Vielha subió a 230.000 euros el pasado invierno. La transferencia de la Generalitat a la capital de la Val d'Aran para este fin apenas cubrió 2.600 euros. A su teniente de alcalde Josep Calbetó (PP) no le salen las cuentas. Tampoco sabe por dónde más recortar el alcalde de Manlleu, Pere Prat (ERC), quien asegura que cada mes ingresa 16.000 euros menos que el año pasado en transferencias del Gobierno central. El servicio municipal de educación no podrá contratar el año que viene el personal de apoyo comprometido. "Estamos ahogados", reconoce Prat.

Los ayuntamientos conmemoran de esta guisa, con las arcas vacías, y con sus fuentes de ingresos casi secas, sus primeros 30 años en democracia. Las celebraciones están siendo más bien discretas. Pocos alcaldes saben cómo van a cerrar las cuentas este año. Y todos alertan de lo mismo: el año que viene será peor. "Algunos tendrán problemas muy serios para pagar los sueldos de sus funcionarios", avanza el ecosocialista Lluís Tejedor, alcalde de El Prat. El teniente de alcalde de Barcelona Jordi W. Carnes es menos específico pero igualmente realista: "Lo peor llegará en 2010 y 2011".

El próximo ejercicio comenzará con los ayuntamientos más endeudados que nunca. A los dos años de bajada de ingresos directos por los impuestos y tasas relacionados con la construcción se le sumará el hecho de que también bajarán radicalmente las transferencias que reciben del Gobierno central, pues les llegan con dos años de decalaje y reflejarán ya con toda su crudeza la crisis económica. Se acabó la fiesta. De ahí que los alcaldes se hayan unido para pedir al unísono y de una vez por todas la reforma de la financiación local encallada desde 1979. Carnes defiende que la crisis se aproveche para "poner orden" a la financiación municipal.

Pocas cosas habían unido tanto a los alcaldes como esta crisis. Socialistas y convergentes han unido esfuerzos y las dos agrupaciones municipalistas que capitanean, la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació de Municipis, trabajan conjuntamente para hacer presión. "Hace muchos años que les oigo decir a los presidentes del Gobierno que ésta será la legislatura de los municipios; hasta ahora ha sido una gran mentira", afirma Tejedor.

De momento, los alcaldes catalanes se han puesto de acuerdo para pedir tres cosas. Primero: que los ayuntamientos que no hayan superado su capacidad de endeudamiento puedan incrementar ahora este tipo para invertir y generar empleo. Segundo: crear un fondo con el IVA que generan las inversiones municipales para que éste se pueda reutilizar con más inversiones.Y tres: no aceptar nuevas transferencias de servicios si no están correctamente dotadas en el aspecto económico.

Esta última reivindicación no baladí. Un estudio de la diputación de Barcelona asegura que el 30% del gasto de los ayuntamientos se destina a materias cuyas competencias son de ámbito autonómico o nacional. Educación, atención a los dependientes, a los inmigrantes en apuros... los alcaldes saben que no podrán aguantar mucho tiempo prestando servicios que no les corresponden. La única salida es, dicen, que los ayuntamientos se queden con el 25% de la tarta de la inversión pública. Ahora apenas llega al 13%. Los ayuntamientos todavía no se han recuperado del duro golpe que les supuso la decisión del Gobierno del PP de reducir drásticamente el Impuesto de Actividades Económicas.

Si no hay cambios, llegarán recortes drásticos. "Todos los ayuntamientos tenemos proyectos parados por falta de financiación", admite el nacionalista Lluís Recoder. Manlleu no construirá por ahora su segundo pabellón deportivo, Vielha lentifica la urbanización de su paseo de la Llibertat y todos o casi todos están congelando sus plantillas.

Al alcalde de El Prat no le preocupan tanto las obras que no arrancan como el impacto de la crisis y de la mala financiación sobre el gasto corriente. Eso es el pago de nóminas, por ejemplo. "Las obras, como gasto extraordinario que son, puedes pagarlas a crédito, pero no a los funcionarios". Efectivamente, el no poder reducir, o congelar, los gastos de personal en tiempos de crisis reduce mucho el margen de actuación. "Nosotros no podemos hacer un ERE", dice Pere Prat (ERC). Por eso ya hay quien habla de la necesidad de afrontar cambios profundos en la contratación de personal. El convergente Recoder dibuja la propuesta: "Se deberá afrontar una reforma de la función pública, no se puede incentivar por igual a todos los trabajadores, hay que primar a los más eficientes".

Los alcaldes vinculan estas demandas al hecho de que todos nos hemos vuelto más exigentes tras 30 años de democracia. "Ahora el problema ya no es que se haga la plaza, el problema que plantea el ciudadano es qué se hace en esta plaza, quién la utiliza y qué normas se le aplican", ejemplifica el teniente de alcalde barcelonés. Por eso cuesta tanto apretarse el cinturón. Con todo, Recoder asegura que lo hará: "A lo mejor tendremos que asumir que las calles no pueden barrerse tan a menudo como ahora", dice el alcalde de Sant Cugat.