Servicio público "versus" beneficio privado ANTÓN COSTAS

El grave accidente ferroviario ocurrido el pasado martes en la estación londinense de Paddington ha venido a arrojar una sombra de duda acerca de los efectos de la privatización sobre la calidad y la seguridad de los servicios públicos. De forma más o menos intencionada, las crónicas no dejan de poner en relación dos hechos: los elevados beneficios declarados por la compañía propietaria del ferrocarril siniestrado y la caída en la calidad de los ferrocarriles ingleses desde la privatización. La conclusión que se nos sugiere es que unos buenos servicios públicos son incompatibles con la búsqueda del beneficio privado.Seguramente es inevitable que cuando ocurre un accidente de esta naturaleza se tienda a asociarlo con los cambios recientes en su forma de provisión. Ocurrió lo mismo en los inicios de la liberalización del transporte aéreo en Estados Unidos, a principios de los años setenta, cuando algunos accidentes de aviación fueron atribuidos a la liberalización del tráfico aéreo. Pero el paso del tiempo dejo claro que la seguridad no ha disminuido.

No existe ningún argumento serio y contrastado que a priori nos diga que la empresa privada es mejor que la empresa pública a la hora de suministrar servicios públicos de calidad. Ni a la inversa. Las privatizaciones, como antes las nacionalizaciones, se comprenden mejor si en vez de manejar argumentos ideológicos nos fijamos en los excesos e ineficiencias de la fase anterior. Después de muchos años de usar empresas públicas, los abusos, excesos e ineficiencias eran evidentes. El cambio es bueno en sí mismo porque rompe inercias y privilegios y estimula la innovación. Pero hay que ir con cuidado porque los excesos y las ineficiencias pueden venir ahora del comportamiento de las empresas privadas.

No hay que despreciar la posibilidad de que la presión competitiva sobre los precios derivada de la liberalización de los servicios públicos, y la necesidad que tienen las empresas privatizadas de mostrar buenos resultados económicos puedan llevar a sus gestores a descuidar las inversiones para la mejora de la calidad y seguridad. De hecho, la experiencia inglesa de privatización y liberalización, y no sólo en el sector de ferrocarriles, es ilustrativa de este riesgo. Los gestores de las empresas privatizadas tienen incentivos para descuidar las inversiones. Los excesos de capacidad que tenían muchas de las empresas públicas antes de privatizarse y el hecho de que en muchos casos los activos estaban amortizados les permite posponer las inversiones en mejora del servicio para mejorar la cuenta de resultados. Pero en esa conducta hay un fuerte riesgo.

En España existe algún ejemplo paradigmático. Cuando en 1983 Luis Solana fue nombrado presidente de Telefónica, el objetivo fue mostrar que los nuevos gestores podían mostrar una cuenta de explotación igual o mejor que la de cualquier otra empresa. Los resultados económicos mejoraron. La partida sacrificada fueron las inversiones. Unos años más tarde, la red saltó por los aires, y era frecuente escuchar aquel estribillo de "Telefónica le informa de que la red está saturada, le rogamos que vuelva a llamar pasados unos momentos". Hubo que nombrar a un nuevo equipo, cuya tarea inmediata fue implantar un fortísimo plan de inversiones y de compromisos de calidad. Convendría no olvidar esta experiencia.

No hay razones convincentes para asociar privatización con empeoramiento de la calidad del servicio. Pero las empresas privadas proveedoras de estos servicios y las autoridades políticas no deben despreciar el riesgo de que surja esa percepción en la opinión pública. Ese sentimiento puede prender rápidamente. La privatización ha producido una transformación imperceptible pero muy importante. Antes los consumidores eran usuarios; ahora son clientes. No es sólo un cambio de palabras. Implica un cambio de actitud. El usuario era un consumidor pasivo y poco exigente con la empresa pública. El cliente es más activo y reivindicativo con los fallos de la empresa privada, y no es malo que sea así. Una economía de mercado no funciona bien si no tiene enfrente consumidores exigentes y bien organizados. Pero si no se satisface esa demanda de calidad, los consumidores acabarán oponiendo servicio público a beneficio privado.