Cataluña retrasa la paga extra a sus empleados por la crisis de tesorería

Las arcas de la Generalitat pasan por su segunda crisis de este año. Sin haber liquidado todavía por completo las deudas que contrajo con sus proveedores el pasado mes de septiembre, el impago de los 759 millones de euros que el Gobierno central debería abonarle antes de finales de año ha supuesto otro golpe para la tesorería de la Administración catalana. Para llegar a fin de año, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, anunció ayer otro paquete de "medidas de excepción" que pasan por retrasar el ingreso de la paga de Navidad a los empleados públicos y el pago a proveedores. Con vistas a una posible demanda contra el Ejecutivo central, además, la Generalitat dio un requerimiento al Ministerio de Economía y anunció que llevará el asunto a "las autoridades europeas". "Haremos todo lo posible para que tengan que avergonzarse", terció el consejero.

Esa cantidad de 759 millones corresponde a las infraestructuras programadas que no acabaron de realizarse en 2008. La disposición adicional tercera del Estatuto fija que las inversiones del Ejecutivo central deben ser equivalentes al peso de la economía catalana en el conjunto de España, el 18,6% del producto interior bruto (PIB).

Mas-Colell aseguró ayer que el 19 de julio la comisión bilateral Estado-Generalitat acordó esa cifra de 759 millones que, además, estaba consignada en los Presupuestos Generales de 2011. A partir de ahí, el Gobierno catalán presentó una lista con las obras públicas cuyo importe había avanzado. Sin embargo, Mas-Colell aseguró que la actitud del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para firmar los convenios fue "obstruccionista". Fuentes del Ministerio de Economía afirmaron que para abonar esa cantidad deben firmarse primero unos protocolos y que el ministerio entiende que de eso debe ocuparse el Gobierno entrante y no el actual Ejecutivo en funciones. El ministerio también se aferra a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto para sostener que el Estado tiene la última palabra sobre la ejecución o no de las inversiones y que es un poder reservado a las Cortes su distribución. Sin embargo, las Cortes votaron unos Presupuestos en los que consta la partida ahora en cuestión.

Lo que sí hizo ayer Salgado fue anunciar que el Gobierno efectuará el pago a cuenta a las comunidades autónomas correspondiente al mes de diciembre, que asciende a un total de 4.500 millones de euros, el próximo día 20, en lugar del día 23, como es habitual en el último mes del año, ante las necesidades de tesorería de algunas de las comunidades. Este pago ordinario, que no incluye los fondos de la disposición adicional tercera, supone un total de 1.000 millones para Cataluña, 700 millones para Andalucía y 480 millones para la Comunidad Valenciana.

Los funcionarios, a los que la Generalitat ha planteado unos recortes salariales para 2012 que llegan al 10%, de momento cobrarán más tarde su paga de Navidad. La recibirán el 28 de diciembre, pero es posible que solo se les ingrese el 80% del total y que el otro 20% se abone el año que viene, lo cual permitirá ahorrar más de 100 millones de euros. Además, también se aparcarán las facturas de varios proveedores, como ya se hizo el pasado mes de septiembre con las farmacéuticas y las residencias de ancianos. "Pondremos en marcha un proceso afinado que se aproxime a un estudio caso a caso para dilatar los pagos hasta que la situación lo permita", aseguró Mas-Colell.A pesar del impacto de ese impago, en las arcas de la Generalitat también pesa la circunstancia de que este año no habrá podido cubrir sus necesidades de endeudamiento. La Generalitat todavía puede pedir 1.000 millones más, pero Mas-Colell admitió ayer que los mercados ahora están cerrados a cal y canto para la deuda autonómica. "En circunstancias normales podríamos pedir un crédito a corto o largo plazo", aseguró. No obstante, recordó que el Gobierno central sí tiene acceso a los mercados de deuda, aunque sea pagando unos intereses elevados, por lo que acusó a la vicepresidenta Elena Salgado de cumplir con los objetivos de déficit de la Administración central a costa de las comunidades.

Insumisión fiscal

El Gobierno catalán perdió, con las medidas anunciadas ayer, el apoyo de la oposición que había tenido hasta ahora en su reivindicación económica. El PSC calificó de "excesivo" retrasar las pagas a los funcionarios. Según el portavoz socialista, Joaquim Nadal, el PSC da la razón al Ejecutivo catalán y comparte su exigencia de que el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero tiene que hacer efectivos los 759 millones de euros que adeuda a Cataluña "y que, además, están presupuestados y comprometidos", recordó.

Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana llamaron directamente a la insumisión fiscal: que la Generalitat no pague determinados impuestos a la Administración central mientras no cobre el dinero pendiente. El secretario general de Iniciativa, Joan Herrera, sugirió a la Generalitat que retrase el pago de los impuestos del IRPF y de la Seguridad Social al Estado. Según Herrera, el Gobierno catalán dispone de "instrumentos de fuerza" y propone esta demora en el pago de los tributos, que los ecosocialistas calculan que puede comportar una disposición de 150 millones de euros en el caso del IRPF y de unos 300 millones en el de la Seguridad Social.