Agua más cara para el forastero

Hace 21 años Nora Carunchio decidió echar raíces en Figaró-Montmany, un pueblo de 1.080 habitantes ubicado a las puertas del parque del Montseny. Carunchio vive rodeada de segundas residencias que se llenan cada fin de semana de barceloneses, a los que en la localidad llaman colonieros. La familia de Salva Mas, que forma parte de este colectivo, defiende que "toda la vida" ha tenido en Figaró una casa heredada de sus abuelos. Y allí pasan un tercio del año. "No somos aves de paso y algunos tenemos más historia en Figaró que muchos residentes", afirma un veraneante de 71 años que no quiere dar su nombre por temor a represalias. Y es que desde hace un año el precio del agua enciende a los vecinos de Figaró.

Figaró cambiará el sistema y pasará a bonificar a los residentes

El Ayuntamiento decidió que los empadronados paguen 6,98 euros de cuota fija en la factura trimestral del agua, y los no empadronados, 13,95 euros, el doble. Carunchio apoya la decisión. "Nosotros utilizamos el agua para vivir y ellos como confort, para la piscina y regar el jardín", dice. La familia de Salva Mas y otros 50 hogares de colonieros se oponen a pagar más. Lo consideran "discriminatorio e injusto".

Este colectivo, apoyado por el PSC del municipio, que está en la oposición, denunció el caso ante el Síndic de Greuges, que en diciembre les dio la razón. En su dictamen, el Síndic considera "irregular" pagar cuotas diferentes según si el usuario está empadronado o no, ya que es "contrario al principio de igualdad ante la ley".El Síndic de Greuges basa su resolución en varias sentencias, como la dictada por el Tribunal Supremo en 2006 que señala que solo pueden aplicarse tarifas dispares si hay 'un criterio objetivo y razonable', como el número de personas que viven en el domicilio, o bien para aplicar bonificaciones a personas con pocos recursos; es decir, en caso de discriminaciones positivas. 'En ningún caso', dice, en función del padrón. El alcalde de Figaró, Manel Garcia, de una candidatura de independientes que gobierna, razona que la medida se aplica porque el servicio y las instalaciones de suministro del agua deben estar dimensionadas para la época de verano, cuando el pueblo casi duplica su población. 'Esto tiene un coste y se crearía un agravio con los residentes, ya que proporcionalmente ellos asumen más parte de este coste al vivir aquí todo el año', sostiene el regidor. Los Ayuntamientos tienen la potestad de fijar el precio de la cuota fija de servicio del agua y la tarifa por el consumo. Y en Figaró, los 205 usuarios no empadronados pagan una cuota fija más cara que los 301 censados. Gracias a esta diferencia, el Ayuntamiento recauda 6.000 euros anuales. La cifra que recauda Tossa de Mar (Selva) por el mismo concepto es muy superior porque la población tiene unos 6.000 habitantes. Tossa empezó a cobrar más a los no censados el año pasado. En Tossa hay más de 4.000 abonados sin empadronar que cada mes pagan ocho euros más que los residentes, lo cual permite que el Consistorio ingrese 400.000 euros extras al año. Y es que en esta localidad las segundas residencias suponen el 62% de las viviendas. Maria Teresa Moré (CiU), concejal de Turismo y Servicios, justifica que el aumento en la cuota sirve para sufragar las obras de renovación de la red, que han costado seis millones de euros. 'Tenemos que mantener a los no residentes, les damos todos los servicios', indica Moré. El Síndic recomienda a Figaró y Tossa que modifiquen sus ordenanzas. Y así se lo toma Moré, como una 'recomendación', de forma que no tocará ni una coma de la ordenanza. El alcalde de Figaró avanza que en 2012 fijará la misma cuota para todos, pero creará un sistema de bonificaciones para los empadronados. La solución es incomprensible para el portavoz del PSC de Figaró, Ramon García, que opina que 'el resultado será el mismo. La equidad no se respeta'. Blanes (Selva), de 40.000 habitantes, aplica el sistema desde 2000. Los 7.000 abonados no empadronados pagan al mes casi seis euros más que los vecinos, lo que supone un ingreso en las arcas públicas de casi medio millón de euros. El Ayuntamiento justifica esta política por los elevados costes que supuso construir la desalinizadora. 'Hay que repartir los costes entre todos', argumenta el concejal de Hacienda, Joan Burjachs (CiU), que asegura que 'nadie' se queja. El Síndic, no obstante, ha recibido también una denuncia sobre las tarifas en esta ciudad.