La pirueta judicial del Betis

"Ser y estar en el Betis es un sueño, un enorme sueño. Entonces, ¿qué más se puede soñar?" Luis Oliver, consejero delegado del Betis, describe su emoción por dirigir el club sevillano en su página web. Pero es posible que Oliver despierte de forma brusca. Porque dirigir el histórico equipo de fútbol estos días se asemeja más a una pesadilla que a un dulce sueño. Una pesadilla de goles y autos judiciales, juegos de balón y fianzas millonarias, saques de esquina y delitos societarios. La mayoría de ellos en fuera de juego y enturbiados por una maraña de sociedades instrumentales.

El club atraviesa una racha convulsa desde que la juez Mercedes Alaya anuló la venta del 51% de las acciones del club por parte de Manuel Ruiz de Lopera -al frente del Betis durante 18 años- a Oliver, por 16 millones de euros. El auto judicial de la semana pasada provocó un terremoto que ha dejado a los jugadores desorientados, a la directiva inquieta y a gran parte de la afición, que se manifestó el pasado verano en contra de Lopera, esperanzada con que la situación dé un vuelco. Las imputaciones de directivos y familiares del controvertido empresario sevillano, que ha pagado 25 millones de fianza, copan los titulares en sustitución de los fichajes y bajas de la pretemporada.

"En virtud de un plan preconcebido (...) Lopera decidió gestionar privadamente los recursos de la actividad deportiva del club, privando al resto de los accionistas del conocimiento de dicha gestión". La juez acusa al máximo accionista de lucrarse con el club gracias al desvío de gran parte de los beneficios a sus empresas particulares. Lopera creó un entramado de empresas que recibieron de las arcas del Betis 12,4 millones entre 1993 y 1999, según los peritos judiciales.

¿Cómo ha llegado el Betis a esta situación? Tras la conversión del club en sociedad anónima en 1992, Lopera se hizo con el control y comenzó una oscura y personalísima gestión. "Al principio se dejó asesorar por gente del fútbol como Serra Ferrer y Eusebio Ríos, pero pronto comenzó a hacer lo que quería", expone el abogado Miguel Cuéllar, de la asociación Liga de Juristas Béticos. En 2007 tres asociaciones opositoras canalizaron la rabia de la afición por los malos resultados deportivos. La denuncia de la fiscalía por un presunto delito societario y de apropiación indebida desencadenó un proceso que tras dos años ha devenido en la imputación de Lopera y otras siete personas.

Tras los primeros días de sorpresa y desconcierto ante la contundencia de la magistrada, los protagonistas digieren las medidas. "Es una victoria jurídica importante porque ha razonado milimétricamente el entramado societario de Lopera", opina el letrado Víctor Castro, de la plataforma Por Nuestro Betis. Mientras, la fiscalía se agarra a la cautela y se ha opuesto al dictamen de la juez "por no ajustarse a Derecho". Al igual que el ministerio público, la defensa de Lopera ha recurrido el auto y acusa a la juez de someterle a "un verdadero expolio", tener prejuicios contra él e incurrir en "contradicciones evidentes".

Mientras, Oliver intenta transmitir normalidad a la plantilla y la afición. Pero no es tarea fácil. El Consejo Superior de Deportes no aprobó la venta del Betis tras el auto judicial y el Registro Mercantil no ha ratificado el nombramiento como consejero delegado de Oliver. Pero éste lleva dos semanas con el timón del club y sin intención de soltarlo hasta que la Audiencia Provincial dé firmeza a la anulación o por el contrario tumbe la decisión de la juez y le confirme en el cargo.

La próxima semana el Consejo de Administración decidirá si el 20 de agosto se celebra la junta de accionistas, clave para el futuro del club porque puede producirse un relevo en la dirección o ratificarse la actual. "Si se enrocan y se niegan a celebrar la junta, acudiremos al juzgado", avisa Cayetano García de la Borbolla, de Por Nuestro Betis. Lopera fue condenado por delito fiscal en 2005 y los tribunales acapararon los comentarios de la plantilla. El protagonismo ha vuelto.