Menos de la mitad de los constructores avalan los adelantos de los clientes

La seguridad del consumidor al comprar una casa se tambalea por su ignorancia o excesiva confianza en la buena voluntad de los vendedores. Y así los fraudes se reproducen como setas en la comunidad. El principal motivo para que ocurran estas estafas se debe a que las empresas invierten y mueven el dinero que los consumidores depositan como entrada. La cifra que detalla estos fraudes, multiplicados al abrigo del boom inmobiliario, es llamativa: El 58% de los contratos para viviendas en proyecto o construcción no están avalados individualmente, tal y como estipula la ley.

El empresario está obligado a avalar las cantidades que cada cliente le entrega, de forma que éste las pueda recuperar en caso de que exista cualquier problema con la financiación del proyecto o la licencia de obra. En el contrato debe aparecer la entidad garante, el número de póliza correspondiente y una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos.

De 243 inspecciones realizadas, el 59% presentaba algún tipo de infracción

La Justicia a menudo desestima la vía Penal y las enmarca en el ámbito Civil

El último caso de un presunto delito de apropiación indebida se ha dado este verano en Vélez Málaga, donde una juez ha imputado a los responsables del grupo inmobiliario Mirador, a los que seis clientes entregaron cantidades entre 32.805 y 48.600 euros como anticipo del precio de compra de viviendas en una promoción. Tras cuatro años, la promotora ni siquiera ha logrado licencia de obra y los terrenos en los que se iba a construir la promoción están embargados.

La realidad obliga al consumidor a ser muy cauto con las entradas a las inmobiliarias, ya que la Justicia a menudo desestima la vía Penal y considera estas denuncias como "incumplimientos de contrato" en el ámbito Civil, por lo que la promotora asume los riesgos y ante el juez siempre alega inconvenientes imputables a los ayuntamientos para la obtención de las licencias.

El boom de la vivienda ha provocado que las irregularidades se multipliquen, y la última campaña de inspección llevada a cabo por la Consejería de Gobernación así lo atestigua. De las 243 inspecciones realizadas, el 59% presentaba infracciones. Ante este panorama y para frenar la picaresca, los inspectores de Consumo han propuesto multar con 82.000 euros a 13 empresas por la ausencia de avales y cláusulas abusivas en los contratos.

A pesar de que el 85% de las inmobiliarias ya cuentan con el Documento Informativo Abreviado (DIA) obligatorio, en su interior "se han detectado numerosos y graves incumplimientos", detalla el informe sobre la campaña de inspección, cuyos responsables visitaron 224 promociones y 17 empresas de arrendamiento de viviendas.

Por otra parte, entre las cláusulas abusivas se incluyen el pago de impuestos que corresponderían al vendedor y que abona el comprador, y la obligación impuesta al consumidor a subrogarse a la hipoteca del vendedor o imponerle penalizaciones si no lo hace, obligación que es ilegal.

Las promociones en proyecto o construcción reflejan la mayoría de las infracciones. De este modo, en el 52% de los casos la información facilitada al público no se incluye la superficie útil de la vivienda, y el 57% de las promociones no indican si la vivienda se encuentra en proyecto, en construcción o construida. Sólo una mayor conciencia social de la dimensión del problema -también por parte de fiscales y jueces- y la acumulación de denuncias, provocará que la picaresca mengüe.