La juez exige a la alcaldesa de Manilva los documentos de los contratos

La juez Isabel Conejo ha exigido a la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz (IU), que le remita de forma urgente la documentación que le pidió hace tres meses dentro de la causa en la que se investigan irregularidades en contrataciones de personal y servicios en este municipio malagueño de 11.000 habitantes.

La titular del juzgado número 5 de Estepona ha remitido una providencia, notificada ayer, en la que recuerda la necesidad del "urgente cumplimiento" de sus requerimientos y da instrucciones para que se cursen los oficios recordatorios "oportunos".

Muñoz fue citada el 7 de febrero como imputada por varios delitos contra la administración pública. Se acogió a su derecho de no declarar, pero se comprometió a remitir información sobre su gestión en el municipio.

Fuentes cercanas al caso aseguran que la alcaldesa ha recurrido la petición judicial porque considera que se está haciendo una causa general. La regidora solicitó al juzgado que concretara los documentos que se necesitaban, pero según estas mismas fuentes, hasta ayer no había recibido respuesta.

Cien reparos

"Han pasado tres meses desde que se comprometió", recordó ayer el portavoz del PP en el municipio, Francisco Miguel Álvarez. "Exigimos a IU y a su cómplice, el PSOE, que depongan esta actitud reprochable y antidemocrática y cumplan con los requerimientos de la juez", reclamó.

El PP, personado en la causa, asegura que hay más de un centenar de informes de gastos del equipo de gobierno de Manilva con reparos de la intervención por "proceder de forma absolutamente irregular".

Entre los supuestos beneficiados apuntan a una empresa de construcción, "del círculo de amigos de IU", que habría percibido casi un millón de euros en adjudicaciones "con muchos reparos de la interventora". "Tenemos la convicción de que ha subcontratado todos los trabajos de carpintería a la empresa de la alcaldesa y su marido", mantiene el portavoz popular. El PSOE es socio de gobierno de IU en el municipio.

El PP también incluye en la presunta "red de trato de favor" a una floristería propiedad de la hermana de una concejal que ha llegado a facturar 20.000 euros en cuatro años.