Una juez anula el mapa de ruidos de Granada

El mapa de ruidos de la capital granadina, que analiza la acústica de 18.000 puntos de la ciudad y que aprobó el Ayuntamiento en octubre de 2008, ha sido anulado por la juez de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada. Establecía que solo unos 20.000 vecinos sufren cada día ruidos nocivos para la salud. La juez considera que el documento no se sometió "válidamente" al trámite de información pública, por lo que declara la nulidad del procedimiento administrativo por el que se aprobó definitivamente y retrotrae el expediente al trámite anterior. La Asociación Granada contra el Ruido gana así esta batalla que inició su expresidente Francisco Morales, ya fallecido.

El documento, que el Consistorio presentó como "el más brillante de los que se han hecho en Andalucía", establece que, en la ciudad, los niveles acústicos son tolerables (una media de 61,8 decibelios), lo que cuestionan algunos colectivos y ciudadanos puesto que otros estudios la han situado entre las más ruidosas. Apunta al tráfico y no al ocio nocturno como la mayor fuente de ruido y sitúa los niveles de Granada por debajo de los de otras capitales como Málaga y en consonancia con la media que marca la Unión Europea.

El documento pasará otra vez a información pública

El documento generó críticas no solo de esta asociación, sino también de otros grupos como Los Verdes o la asociación de vecinos Bajo Albaicín, barrio que, según desveló, era el menos ruidoso. En el polo opuesto, el distrito Beiro, cuyos vecinos soportan una media de 64,8 decibelios, aunque por debajo de los 65 que establece la Unión Europea.

Las mencionadas asociaciones del Albaicín y Granada contra el Ruido, así como Ciudadanos por Granada, presentaron alegaciones ante la imposibilidad de acceder a la documentación y porque la que se ofreció aportaba una versión, a su juicio, excesivamente "positiva" de los resultados. También criticaron el modo de calcular los decibelios por barrios, que consideraron erróneo.

El mapa se realizó en colaboración con la Universidad de Granada antes de que, por ley, estuviera obligada la capital a contar con esta herramienta, que sirve para diseñar medidas bien fundamentadas para el control del ruido en la ciudad, según defiende el Consistorio. El trabajo implicó durante tres años a más de 20 personas de la Universidad.

Según la demanda presentada por la asociación vecinal, se solicitaba la nulidad del acuerdo de pleno por la infracción en el trámite de información pública y por no contener el mapa de ruidos los elementos mínimos establecidos en la legislación vigente. La juez no entra en el segundo de los motivos puesto que anula las actuaciones por el trámite de información pública. Según consta en la sentencia, que no es firme, "lo que se expuso no era la totalidad del mapa, que solo se expuso durante la mitad del plazo y a requerimiento de algunos interesados". Ese vicio procedimental es motivo suficiente para declarar la "nulidad" de todas las actuaciones administrativas.