Las exhumaciones tropiezan con los alcaldes de Almería y Córdoba

El camino de la recuperación de la memoria histórica no ha dejado aún la arena del gran debate cuando ya parece haber entrado en el de las zancadillas y los empellones. En Andalucía, ya se han visto los dos primeros ejemplos. La asociación para la recuperación de la memoria histórica Memoria y Libertad, en Almería, ha denunciado el levantamiento de un templete sobre una fosa común en la que yacen 371 fusilados de la posguerra en el cementerio de San José. El Consistorio ha erigido el monumento en honor "a todos los difuntos" en cuestión de una semana. El colectivo Memoria y Libertad aseguró ayer desconocer las intenciones del gobierno municipal, al que se le solicitó ubicar en el mismo sitio un monolito en memoria de los fusilados.

El obispo de Almería oficiará mañana una misa junto al nuevo templete

La estrategia del Partido Popular para sabotear las medidas decididas por el juez Baltasar Garzón en relación con la Ley de Memoria Histórica ha sido llevada a la práctica por el alcalde almeriense, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, por la vía de los hechos consumados: al homenajear a "todos los difuntos", lo que se busca de hecho es sepultar bajo un monumento la única fosa común de la provincia y entorpecer cualquier decisión o actividad sobre exhumaciones en la misma.

El Ayuntamiento de Córdoba, en manos de Izquierda Unida y PSOE, no es contrario a las exhumaciones ni a la reivindicación de la memoria de las víctimas de la rebelión militar, la Guerra Civil y los posteriores años de represión franquista. Las dificultades que han encontrado los familiares del disputado socialista Luis Dorado Luque, fusilado en 1936 y enterrado en una fosa del cementerio de la Salud por parte del Consistorio cordobés nos son ideológicas, sino prácticas. El Ayuntamiento encabezado por Rosa Aguilar quiere que cada paso que se siga en el cementerio esté ordenado y dirigido por un protocolo judicial y que quede claro quién deberá de correr con los gastos que puedan surgir de los trabajos de excavación de la fosa.Para Maravillas Tudela, representante de la asociación Memoria y Libertad, la obra ha sido un desatino que "esconde el orgullo, odio y desprecio que ha demostrado el PP de Almería hacia las asociaciones de la memoria histórica y hacia la única fosa común de nuestra provincia, situada justo debajo de dicho templete". Cada año por estas fechas, los familiares de las personas fusiladas se reunen -para este año la cita será el próximo 8 de noviembre- en la explanada bajo la que yacen sus seres queridos. Desde Memoria y Libertad aseguran que se había solicitado al Consistorio la instalación de un monolito en el mismo lugar "que sirviera para depositar las flores, el dolor, la incomprensión y las lágrimas que muchos han llevado en su corazón durante tantos años".

El monumento incluye en su base una grabación sobre una de las baldosas de mármol en la que se aprecia una cruz con una escalinata a cada lado y una frase de la Biblia, del libro del Apocalipsis. Precisamente allí, el obispo de Almería oficiará una misa mañana, Día de los Difuntos.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Nono Amate, tildó de "vejación innecesaria a los almerienses republicanas fusilados y a sus familias" el diseño y emplazamiento del monumento. "Da la impresión de que el Ayuntamiento no tiene ninguna sensibilidad al tomar la decisión sobre el diseño y colocación de un monumento que más parece hecho para los vencedores que para los vencidos",

El otro obstáculo alrededor de las exhumaciones de fosas de víctimas de la Guerra Civcil está situado en Córdoba. La exhumación de una fosa común en Córdoba enfrenta estos días al Ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida y el PSOE, con la familia de Luis Dorado Luque, un diputado a Cortes socialista fusilado en Córdoba por las tropas golpistas en 1936. El cadáver de este malagueño se cree que descansa en una fosa común ubicada en el cementerio de la Salud de Córdoba. Los herederos del político no encuentran impedimento para empezar de inmediato los trabajos de exhumación e identificación, ya que cuentan con una subvención facilitada por el Ministerio de la Presidencia en el marco de la Ley de Memoria Histórica y se sienten respaldados por el auto de competencias del juez Baltasar Garzón sobre los represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo. El Ayuntamiento, gobernado por Rosa Aguilar, quiere que cada paso que se dé esté amparado por un protocolo judicial que, dice, todavía no está claro. "Nosotros no nos negamos a que, en su momento, haya una exhumación, pero lo que queremos es que un juez nos diga cómo y dónde actuar, así como las personas que tienen que intervenir", defiende Alfonso Igualada, presidente de la Empresa Municipal de Cementerios.

Además, Igualada, destaca otro aspecto. "Sin ser ésta una cuestión económica, sí es cierto que alguien nos tendrían que decir cuánto costaría estos trabajos de exhumación e identificación", se pregunta el político, quien recuerda que el coste medio de los análisis para identificar genéticamente un cadáver es de 3.000 euros. Otras fuentes, por el contrario, reducen estos costes a menos de la mitad.

Tanto la familia de Luis Dorado Luque, como la asociación de memoria histórica Todos los Nombres, insisten en que las labores no supondrían ningún gasto para el Ayuntamiento, puesto que la familia cuenta con una subvención de 19.600 euros.