Un ex alto cargo de Estepona guardaba 10 millones en Andorra

Familiares directos del ex gerente de Urbanismo de Estepona (Málaga) Pedro López, guardaban en una cuenta corriente en Andorra 10 millones de euros, supuestamente procedentes de sobornos cobrados por el ex alto cargo a promotores con intereses urbanísticos en la localidad. Según informó la agencia Efe, el dinero ha quedado bloqueado después de que el juez Jesús Torres, que investiga el caso Astapa sobre corrupción en Estepona, enviara una comisión rogatoria al país pirenaico. Andorra, tradicional refugio fiscal para los españoles, levantó el pasado 14 de enero el secreto bancario en casos judiciales.

El caso Astapa, que estalló en junio de 2008 con la detención del entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos, y de otras 18 personas entre ediles, cargos municipales y empresarios, acumula ya 68 imputados. Los últimos cinco son precisamente los parientes del ex gerente de Urbanismo, entre ellos sus padres y un hermano. Pedro López ejerció el cargo entre 2003 y 2007, cuando fue nombrado por el Partido Estepona (antiguo GIL), como una de las condiciones para dar la alcaldía a Barrientos. En ese mandato municipal, Estepona contó con tres gerentes de Urbanismo: Pedro López, por el PES; Patricia Rojo, hija de presidente del Senado, Javier Rojo y también imputada en el caso Astapa, por el PSOE; y un tercer gerente nombrado por IU.

No había testaferros. El dinero figuraba a nombre de la familia de López

Según fuentes cercanas al caso, la cuenta corriente andorrana estaba puesta directamente a nombre de un pariente de Pedro López, sin que figurara testaferro alguno como titular. Cuatro de los cinco familiares del ex gerente de Urbanismo declararon ayer ante Jesús Torres, titular del Juzgado de Primera Instancia Instrucción número 1 de Estepona, después de declarar el jueves ante la policía, que se incautó de dos vehículos de alta gama. El juez les acusa de blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la ordenación del territorio. Al comienzo de la operación, el ex gerente ya fue imputado de malversación y cohecho al iniciarse la operación. Ahora suma los delitos de falsedad en documento y contra la ordenación del territorio.

El instructor considera que el dinero consignado en Andorra corresponde a cantidades cobradas a promotores urbanísticos a cambio de agilizar licencias municipales.

En uno de los primeros informes policiales conocidos del caso Astapa, un empresario de la constructora Proincosta afirmaba lo siguiente: "Las comisiones que hemos tenido que pagar en Estepona son mucho mayores que las que tuvimos que pagar en Marbella en tiempos de Roca". En octubre, el alcalde actual, David Valadez, inició los trámites para echar del Ayuntamiento a una veintena de técnicos municipales imputados por corrupción. Uno de los casos más llamativos era el del arquitecto municipal Arturo Cebrián, que supuestamente reclamó 42.000 euros a los dueños de un club de alterne a cambio de una licencia de apertura. Otro técnico, Javier Wittmeur, está acusado de generar un quebranto a las arcas municipales de 49 millones de euros por tasar a la baja terrenos municipales en convenios urbanísticos con promotores.