Un escándalo con alma de bomba

Cash Lepe, Hitemasa, Nexprom, Río Grande, Maginae Solutions... El listado de empresas que figura en la última investigación que dirige la juez Mercedes Alaya denota la nueva dimensión que ha tomado el caso Mercasevilla. Desde ahora la magistrada examina con lupa cada subvención que la Junta concedió a empresas durante nada menos que nueve años.

Sociedades radicadas en Málaga, Granada, Huelva, Sevilla y cobros desde Jaén apuntan a que el hilo de esta línea de investigación puede superar los cuatro detenidos de los dos últimos meses. Pero sobre todo trasciende las corruptelas de una empresa pública sevillana para dar un salto cualitativo: atañe a un fondo público de 647 millones cuestionado por la policía, decenas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), miles de prejubilaciones y un alto cargo del Ejecutivo implicado. La comparecencia judicial de varios ex consejeros de Empleo es previsible. Su imputación está por ver.

Hay indicios de que la lista de prejubilaciones ficticias aumentará

El PP llevará la bronca política al Congreso de los Diputados

Esta nueva magnitud de un sumario imprevisible da aún más munición a la arena política. Mientras que el PP espera sacar grandes réditos del escándalo de corrupción, el PSOE confía en que la red desarticulada no tenga tentáculos aún más grandes de los conocidos. Lo cierto es que hay indicios de que la lista de intrusos en empresas ajenas para prejubilaciones ficticias seguirá aumentando. La cantidad ingente de información, generada desde que en 2001 Empleo cambió su sistema de ayudas a empresas, indica que la investigación se demorará meses.

El grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados preguntará sobre el escándalo en la próxima sesión de control al Gobierno. Ayer el secretario general andaluz del PP, Antonio Sanz, tildó el caso de "tsunami". Para el portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, no debe implicar un desgaste político: "Estamos ante una cuadrilla de cuatro sinvergüenzas que aprovecharon su posición al frente de algunas empresas ajenas a la Administración autonómica". Y aunque el PP puede pronto acabar los superlativos para denominar la investigación, implicados como el ex director general de Trabajo Javier Guerrero no ayudan al PSOE con expresiones tan gráficas como "fondo de reptiles" (comisiones ilegales desde un Gobierno para influir en empresas y círculos de poder) para definir el fondo de 647 millones que gestionó la Consejería de Empleo para financiar estos ERE.

"En el momento en que pueda, la coloco en algún ERE". El conseguidor Juan Lanzas resumía así al comercial Francisco González su destreza para ubicar personas en diferentes ERE de manera ficticia y generar jugosos dividendos. La policía estima que la red desarticulada obtuvo a través de tres ERE al menos 470.000 euros gracias a informes fantasmas de asesoría y la utilización de "hombres de paja".

Al margen de las comisiones ilegales y enredos de esta trama, la batalla política reside en que la policía cree que la Junta mantuvo el sistema de ayudas sin los controles estipulados y de manera arbitraria. "Guerrero dispuso de fondos públicos sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello", según refleja el informe policial. "Con la firma del convenio (...) se evita los controles y la fiscalización", añade la policía judicial, que estima que las ayudas a empresas debieron ser aprobadas por el Consejo de Gobierno y publicadas en el BOJA al superar los tres millones.

Al día siguiente, la respuesta del consejero de Empleo, Manuel Recio, fue contundente: "No hay nada que temer. Ha habido absoluta transparencia y legalidad". Recio sostiene que los controles fueron suficientes porque las ayudas se concedieron a las personas y no a las empresas. Sin embargo, de momento la ausencia de documentos que avalen la tesis de la Junta hace que las dudas sobre la legalidad se disparen.

La policía recuerda cómo en 1998 el Consejo de Gobierno debió autorizar 1.000 millones de pesetas en ayudas a Puleva, antes de que el sistema cambiara. La batalla jurídica acaba de comenzar y en paralelo la investigación policial apunta a que los detenidos aumentarán de manera notable.