La contratación de inmigrantes enfrenta a jornaleros y empresarios

"Los empresarios prefieren traer a inmigrantes para trabajar en el campo. Les explotan y pagan menos de lo que dice el convenio colectivo. Y a los del pueblo no nos contratan. Desde la última campaña, en abril, no trabajo. Y en esta campaña de la naranja, que ya ha empezado, tampoco encuentro quien me contrate". Marcos Díaz, de 35 años, una madre viuda y 500 euros de hipoteca al mes, está desesperado. Vive en Palma del Río (Córdoba, 21.844 habitantes) y forma parte de la legión de jornaleros sin tajo que estos días protestan porque las peonadas se las dan a los inmigrantes que trabajan por menos dinero. Carmen González, de 29, afirma que el año pasado la echaron del almacén de fruta donde ganaba su sueldo, debido a una huelga. "Desde entonces, sólo han contratado a rumanas", se queja.

El alcalde de Hornachuelos pide que se contrate a parados locales

Debido a historias similares, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) comenzó el lunes una huelga -tachada de ilegal por la patronal y sindicatos como UGT- en la recogida de la naranja. Exigen, entre otras demandas, que se contraten a los trabajadores locales (nacionales o extranjeros) y se cumpla el convenio laboral. Las explotaciones citrícolas de Palma del Río están paradas desde entonces y los almacenes cerrados desde ayer por los piquetes informativos de los jornaleros.

La patronal Asaja considera "inadmisibles" las denuncias de incumplimiento laboral y acusa al alcalde del pueblo, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), de ser el "auténtico responsable de la situación que se está produciendo en la Vega del Guadalquivir". Pero la patronal no escatima y acusa a todos (alcaldes de la Vega del Guadalquivir, SAT y sindicatos) de fomentar el racismo y la xenofobia al pedir que se prime la contratación de trabajadores locales. Al regidor de Hornachuelos, el independiente Julián López, le critica por haber remitido cartas a los empresarios del sector pidiéndoles que contraten a parados locales. Los miembros del SAT, por su parte, acusan a los empresarios de ser los verdaderos racistas "al explotar a los trabajadores inmigrantes". El SAT propone crear cuadrillas mixtas de jornaleros para garantizar que los extranjeros trabajan según el convenio del campo.

Palma del Río vive un momento de crisis en el campo. De sus 4.000 trabajadores inscritos en el Régimen Especial Agrario, siempre hay unos 1.500 parados, según Ruiz Almenara. El regidor explica que, al mismo tiempo, el pueblo puede alcanzar los 2.000 inmigrantes legales, pero no arraigados en el pueblo, que son contratados para la campaña a través de empresas de trabajo temporal o de determinados manijeros locales. Tanto los sindicalistas, como el propio alcalde afirman que estos inmigrantes, fundamentalmente rumanos y búlgaros, que circulan por las distintas campañas agrícolas del país, terminan siendo explotados. Hay empresarios sin escrúpulos que los hacinan en viviendas y les pagan menos de lo indicado en el convenio.

"En Palma tenemos casos de casas de 48 metros cuadrados donde han vivido hasta 16 personas. Hay 24 expedientes abiertos por historias de este tipo", explica Ruiz Almenara. Muy distinto es demostrar el abuso laboral. Aunque ha habido denuncias en los medios de comunicación por parte de los sindicatos, Ruiz Almenara reconoce que la Inspección de Trabajo no ha encontrado nada raro. "Esto es muy difícil de demostrar. Se necesitan denuncias concretas y no las hay", dice el regidor.