Los buscadores de metales se rebelan contra la Junta

"Somos buscadores, no expoliadores". Los aficionados a la detección de metales decidieron ayer salir a la calle en Sevilla con varios mensajes aprendidos. Están cansados de recibir negativas desde que la Consejería de Cultura aprobó la revisión de la ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que incrementa las restricciones a estas prácticas. Según sus datos, desde la entrada en vigor de la normativa en 2007 se han presentado 2.000 solicitudes para buscar metales en toda la comunidad. Sólo se han aprobado 100. "Nos están prohibiendo por sistema. Están incumpliendo la ley", criticó el presidente de la Asociación para la Defensa de la Detección Metálica, Javier Matas. La mayoría de cánticos exigía dejar de ser tratados como delincuentes.

"Nos están prohibiendo por sistema. Están incumpliendo la ley"

Durante muchos años los aficionados a rastrear montes y playas con sus detectores lo hicieron ante la ausencia absoluta de legislación. El artículo 60 de la nueva ley de Andalucía vincula esta actividad a una licencia expresa de la Consejería de Cultura, que deben tramitar las delegaciones provinciales. Pero, en la práctica, según denunciaron ayer los manifestantes, la normativa ha sido sinónimo de prohibición. También critican que se está exigiendo más documentación que la que incluye la ley.

La Dirección de Bienes Culturales mantiene que las solicitudes han de ser estudiadas con detenimiento antes de ser aprobadas y defiende la revisión de la ley para preservar las piezas arqueológicas y su contexto. Los dueños de detectores no están de acuerdo. "Se nos ha prohibido en tres millones y medio de hectáreas de tierras de labor porque se supone que perjudicamos el posible yacimiento arqueológico. La profundidad de acción de un detector es de 25 centímetros y luego se permiten máquinas de arado que llegan hasta un metro", protesta Javier Matas. Lo mismo ocurre en las playas. "No nos dejan actuar pero después entran máquinas para regenerar y cribar la arena que producen un daño mucho mayor".

La manifestación, que logró reunir a 500 personas de toda Andalucía, ha sido la culminación de varios meses de trabajo agrupando esfuerzos a través de foros y reuniones. También han tenido contactos con la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz. La próxima acción será un envío masivo de correos electrónicos a diputados del Parlamento andaluz y del Congreso.