Los anguleros faenan pese a que un juez ordenó desmantelar sus barcos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ordenó en junio de 2010 que se desmantelaran las embarcaciones piratas, que siguen pescando angulas ilegalmente en la zona de reserva pesquera del Guadalquivir. La medida la dictó el juzgado de forma cautelar para impedir que los furtivos actuaran en esta zona sensible. Sin embargo, casi un año después, estas embarcaciones no han sido inutilizadas ni precintadas y se siguen empleando para pescar angulas, a pesar de que existe una moratoria de 10 años para su captura debido a que la especie se encuentra "en peligro crítico", según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Ríos con Vida denuncia esta pesca ilegal ante el Defensor y la fiscalía

El Seprona fue el que solicitó en junio de 2010 la inutilización de las embarcaciones empleadas por los riacheros. Esta unidad de la Guardia Civil realiza periódicamente inspecciones en el río y lleva años retirando las artes de pesca empleadas por los furtivos: unas redes con una luz de maya muy pequeña en las que quedan atrapados los alevines de otras especies, muchas de ellas comerciales. La petición del Seprona contó con el informe favorable de la fiscalía especializada en Medio Ambiente de Cádiz, según detallaron ayer fuentes del ministerio público. Y el juzgado ordenó que se inutilizaran las embarcaciones y se precintaran. En concreto, en el auto se señala que se deben cortar los brazos metálicos de las embarcaciones, de unos diez metros de longitud, de los que se cuelgan las redes.

El juzgado encomendó este trabajo al Seprona, aunque se le autorizaba a reclamar la ayuda necesaria a las administraciones. Fuentes del Seprona sostienen que sus agentes no están capacitados materialmente para llevar a cabo esta operación ni tienen la formación suficiente para acometerla, por lo que no se ha realizado.

Esta unidad de la Guardia Civil está a la espera de reunirse con la Consejería de Medio Ambiente, que fue la que decretó en noviembre del año pasado la moratoria que impide pescar angulas en Andalucía durante una década.

Detrás de la pesca furtiva de esta preciada especie hay también un embrollo de competencias. El problema de fondo son las embarcaciones, que no tienen matrícula ni folio y que los riacheros dejan fondeadas en el río. Pero ni el Gobierno central ni el autónomo asumen como competencia propia la retirada de estos "artefactos flotantes", como los denominan las administraciones.

La asociación conservacionista Ríos con Vida ha llevado el asunto al Defensor del Pueblo Andaluz, al que ha remitido un extenso informe jurídico. Además, ha presentado en las fiscalías de Sevilla y Cádiz una denuncia en la que se reclama que se "inste a la Capitanía Marítima de Sevilla a la retirada inmediata de todo artefacto flotante, barca o embarcación clandestina en el bajo Guadalquivir y que proceda a su destrucción conforme a la Ley de Puertos del Estado de 1992".

Esta asociación sostiene que "la mera presencia de estas barcas es además un peligro para la seguridad marítima". Y recuerda que el Estado ya fue condenado en 2002 por el naufragio del buque Isla de Hierro, que chocó contra una escollera del puerto de Málaga en 1992 cuando trataba de esquivar unas barcas que empleaban los bolicheros para pescar ilegalmente en la zona. En su denuncia, Ríos con Vida sostiene que ante la "manifiesta inactividad administrativa en la retirada" de las embarcaciones del Guadalquivir la Capitanía Marítima, la Autoridad Portuaria de Sevilla y la Junta de Andalucía podrían estar incurriendo por omisión en delitos medioambientales al no perseguir debidamente esta pesca furtiva.