El TSJA paraliza las sanciones a los colegios que cobraron cuotas

Dos de los cuatro colegios concertados de Almería que fueron sancionados por la Consejería de Educación por el cobro irregular de cuotas a las familias de los alumnos han logrado que la justicia paralice la ejecución de la multa. Al colegio La Salle Virgen del Mar se le impuso una sanción de 279.000 euros y al Chocillas, también ubicado en la capital almeriense y de la misma institución religiosa, otros 86.100 euros. Ambos habrían cobrado de forma irregular cuotas a las familias, según detectó la Administración educativa el curso pasado.

La consejería, que dictó en marzo de 2010 las resoluciones sancionadoras, había empezado ya a detraer el dinero de la multa a través de los pagos trimestrales que hace a los centros concertados, en concreto, había congelado el capítulo de "partida de otros gastos".

La inspección detectó en Almería cuatro casos de pagos irregulares

Dos centros más están a la espera de que también se frene su expediente

Los dos centros de La Salle decidieron llevar la sanción ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Y, según explica el abogado que representa a los colegios, José María Fernández, solicitaron que la ejecución de la multa se paralizara de forma cautelar hasta que se resolviera el fondo del asunto.

El TSJA concedió en junio esta medida al Virgen del Mar y, a finales de noviembre, dictó otro auto más por el que se ordenaba la paralización del cobro de la sanción en el caso del centro Chocillas.

El servicio de inspección educativa en Almería detectó el curso pasado que otros dos centros más concertados recurrían a este tipo de cobros, en este caso, de la congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña. La Consejería de Educación dictó dos resoluciones sancionadoras más contra los centros Divina Infantita ubicados en El Ejido (95.600 euros de multa) y de la capital almeriense (86.100). La Junta también les congeló el capítulo de "otros gastos" de los dos últimos trimestres del año pasado.

La abogada que representa a ambos colegios, María Dolores Abril, ha presentado ante el TSJA un recurso y solicitó la paralización cautelar en octubre. Todavía no han tenido respuesta del alto tribunal, aunque es probable que se tome la misma decisión que en el caso de los centros de La Salle y se paralice la ejecución de la sanción. Según Abril, tras la congelación de los dos últimos pagos, los colegios han tenido que pedir ayuda a su congregación para poder hacer frente a los gastos de funcionamiento.

Detrás de este asunto está el cobro de donaciones en los centros concertados, que se deben sostener con fondos públicos y no pueden imponer cuotas a las familias de los alumnos. Sin embargo, el pago de estas cuotas está muy extendido. Los centros concertados reciben fondos públicos para impartir sus enseñanzas, pero la ley les abre una vía para que puedan recaudar aportaciones privadas por actividades extraescolares, complementarias y algunos servicios, que han de ofrecerse con "carácter voluntario". El problema es cuando ese carácter voluntario no queda claro o se toman represalias contra las familias que no pueden o no quieren aportar esas donaciones a los centros.

En el primero de los casos la dirección del colegio Virgen del Mar remitió el curso pasado una carta a los padres en la que se les pedía que siguieran "apostando por este proyecto educativo". En la misiva se pedía a cada familia una aportación "voluntaria" de 20 euros correspondientes al segundo trimestre. En el texto se asegura que el centro recibe de la Junta 1,3 euros por alumno y día en Infantil y Primaria y 1,48 en ESO: "¡Díganos usted si con esta subvención se puede mantener un colegio!", se decía en aquella misiva. Las patronales se quejan de que la subvención de la Administración no cubre todos los gastos que se generan y que por ello deben recurrir a las donaciones.