Cárcel por dos multas falsas

El próximo 13 de junio a Arturo Germán Gilabert se le abrirá la puerta de la cárcel. Es lo que lleva temiendo desde 2007 cuando la Audiencia Provincial de Cádiz le condenó a seis años de prisión por haber falsificado dos multas de tráfico cuando estaba destinado como guardia civil en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Él lo niega, pero el juez consideró probado que se inventó la sanciones contra la que había sido la novia de su hermano. La familia del agente lo ha intentado todo, sin éxito. No resultó el recurso al Tribunal Supremo, ni tampoco el indulto solicitado al Gobierno. Si nada imprevisto lo impide, en una semana estará preso.

Arturo ha dado la batalla por perdida. No quiere mostrar su rostro. "Un guardia civil no está bien visto donde yo voy", suspira resignado. Pero su mujer y su madre siguen esperanzadas en que algo pueda cambiar. Su destino se torció cuando el agente de la Guardia Civil interpuso dos multas de tráfico, en un plazo de cuatro meses, contra la misma mujer. Él lo tachó de casual y argumentó que sus compañeros de patrulla avalaron con su firma los boletines de denuncia. Pero ellos aseguraron durante el juicio no recordar aquella multa. La mujer, novia de su hermano, explicó que se había sentido perseguida. La sentencia no dio credibilidad a la versión del agente y le acusó de manipular las sanciones. Por ello le condenó a tres años de cárcel por cada una de las multas. Es la sanción recogida en el Código Penal para el delito de falsedad en documento oficial cometida por funcionario público.

Su familia lo tiene claro. "Han ido a por él". Denuncian que agentes vinculados a casos más graves, relacionados con robos o narcotráfico han recibido penas menores o simplemente han sido destinados a otras ciudades. "Creo que el hecho de que se le suspendiera de empleo y sueldo fue suficiente para él. Pero seis años en la cárcel es desorbitado. ¿Esta es la justicia de España?", se lamenta la esposa del agente, Vicenta Sellés. Su principal preocupación es la situación que padecerá su marido entre rejas y también su precario estado económico. "Yo estoy enferma. Cobro 421 euros al mes. Si él no está, ¿de qué vivimos?". La pareja tiene un hijo de 18 años.

La familia de Arturo ha perdido la batalla legal, aunque tiene la consolación de que el Tribunal Supremo incluyó en la sentencia que les denegaba su recurso que el agente había sufrido indefensión durante el juicio. "No nos dejaron presentar las pruebas que teníamos", dice la esposa. Esperaban un gesto del Gobierno. El indulto. Hace escasas semanas les llegó la negativa. "Estamos perdidos pero lucharemos hasta el final", promete Isabel Añino, la madre del guardia civil.