La Audiencia de Cádiz abre el telón de la operación Karlos

Sillones nuevos, un sistema de vídeo y audio por estrenar, inéditas acreditaciones. La Audiencia Provincial de Cádiz pone en marcha desde hoy un dispositivo sin precedentes en los juzgados gaditanos para la cobertura de un juicio. La medida se ha tomado para atender la demanda de los medios de comunicación, sobre todo los de información rosa, porque, aunque se juzga la operación Karlos, una trama dedicada a vender certificados médicos falsos, lo que realmente ha motivado todo este despliegue es que una de las imputadas es María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. Ella, al contrario que la mayoría de acusados, llega al tribunal sin haber alcanzado un pacto previo con la fiscalía para acordar las penas.

La operación Karlos nació de otra, la Halcón. Vigilancia Aduanera detuvo al ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, en el marco de una investigación sobre un fraude de 60 millones de euros en facturas falsas que compraban empresarios de la piel para desgravar de manera irregular. En las escuchas, los agentes se percataron de otro fraude: algunos de los implicados disfrutaban de pensiones por invalidez que no les correspondían. La Guardia Civil detuvo en abril de 2006 a Carretero y al inspector médico Francisco Casto por vender los certificados falsos. Las indagaciones cobraron otra dimensión cuando se supo que "uno de los casos más graves" afectaba a Campanario. Los agentes destaparon que había comprado por 24.000 euros una baja fraudulenta para su madre. Llegó a ser detenida pero pagó 12.000 euros para evitar la prisión.

Han pasado cinco años desde entonces y el caso, cuya instrucción se cerró con una treintena de imputados, llega a juicio muy cambiado. En las últimas semanas la fiscalía ha llegado a acuerdos con la mayoría de acusados. Han pactado penas mínimas para evitar tener que ir a la cárcel en caso de ser condenados. Entre los que han llegado a acuerdos está el propio Carretero. La primera sesión, en realidad, empezará con otro debate porque las defensas que no han pactado con el Ministerio Público volverán a reclamar a última hora la nulidad de las escuchas telefónicas, en las que se basan las imputaciones.

Si la sala anula las escuchas, la fiscalía se quedaría sin la principal de sus pruebas, aunque los pactos logrados con la mayoría de imputados permitirían garantizar declaraciones en las que reconocerían los hechos. Será uno de los asuntos que se resuelva en la primera jornada. El juicio se ha dividido en varias tandas y, salvo modificación, llegará hasta, como mínimo, el 10 de junio.