Alcaldes del PP llevan el canon del agua al Constitucional
El PP cumple su amenaza y ha llevado la ley de Aguas de Andalucía al Tribunal Constitucional (TC). Según dijo ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, 112 ayuntamientos, la gran mayoría gobernados por los populares, han registrado en el Constitucional un conflicto en defensa de la autonomía local.
El problema reside en el nuevo "canon de mejora de infraestructuras hidráulicas", que estaba previsto que entrara en vigor el 1 de enero, pero que ante la presión de los Ayuntamientos se ha retrasado hasta mayo. Este impuesto es finalista, por lo que lo recaudado debe dedicarse exclusivamente a sufragar obras de mejora del saneamiento. Lo recaudarán los municipios pero el dinero lo gestionará la Administración autonómica.
Antes de ir al Constitucional, los ayuntamientos acudieron al Consejo Consultivo de Andalucía, que consideró que "no existen fundamentos jurídicos suficientes" para plantear un conflicto de competencias. El dictamen, acordado el 20 de diciembre de 2010, incluía los votos discrepantes de dos consejeros propuestos por el PP.
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