"Entre 1.000 personas, solo ellos se atrevieron a denunciar"

Después de solicitar la imputación de 99 personas por la supuesta red de corrupción investigada en torno al Ayuntamiento de Estepona (Málaga), el fiscal del caso Astapa, Valentín Bueno, sigue sin explicarse cómo en un Consistorio "plagado de irregularidades" en el que trabajaban más de 1.000 personas, solo dos personas -los ediles David Valadez y Cristina Rodríguez- se atrevieron a "cumplir con su deber cívico" de denunciar.

El fiscal Anticorrupción ha cortado de forma tajante los intentos de los implicados por desacreditar la denuncia que dio origen al caso hace casi cinco años. Con un escrito remitido al juzgado, Valentín Bueno muestra su cansancio por la "farragosa, redundante e interesada argumentación" que el abogado Mariano Barroso, implicado por blanqueo de capitales, se ha dedicado a introducir en sus escritos sobre la "supuesta falsedad" o "móviles espurios" que llevaron a los dos concejales con responsabilidades en el gobierno de Antonio Barrientos (PSOE) a acudir a la policía el 16 de noviembre de 2006.

"Se limitaron a cumplir con la obligación del deber de denunciar el delito, aun a riesgo de comprometer no solo su futuro político, sino también su seguridad personal", incide el fiscal. El escrito, fechado el 1 de junio, impugna el recurso de apelación con el que Barroso pretendía que se anularan las actuaciones.

El fiscal no se muestra extrañado por el hecho de que los aludidos en la denuncia hayan negado las imputadaciones. "Eso no significa que [los denunciantes] mintieran", dice. Sobre todo, a la vista de los informes periciales en los que, tras estudiar solo cuatro convenios urbanísticos, ha aflorado un perjuicio para el Ayuntamiento de más de 20 millones de euros.