El ex alcalde Nené Barral será juzgado por contrabando

Es la causa más antigua que se instruye en los juzgados de Vilagarcía, después de ocho años de diligencias previas. Pero la Fiscalía de Pontevedra tiene previsto cerrar, sin más dilaciones, el proceso por contrabando de tabaco que costó el cese al entonces alcalde de Ribadumia, José Ramón Barral, Nené, tras ser detenido junto a otras 17 personas.

Aunque la evasión fiscal se ha traducido en un escollo prácticamente insalvable para la investigación, ante los obstáculos que algunos países como Suiza han venido planteando para identificar algunas cuentas bancarias, la Fiscalía no tiene dudas de que Barral Martínez dirigía una organización sólida y muy sofisticada de contrabando de tabaco.

La investigación se dilató ocho años por las evasivas de países como Suiza

Las autoridades helvéticas han puesto trabas en el caso Barral y cada comisión rogatoria se ha contestado con evasivas o requiriendo nuevos datos que han dilatado hasta hoy el proceso. Y todo ello a pesar de los acuerdos firmados para facilitar a los países comunitarios la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales.

Tampoco se han obtenido resultados en Holanda, donde se abrió una investigación paralela que fue archivada al fallecer el principal imputado y, a su vez, presunto socio de Barral en España.

Nené contaba con una potente infraestructura para introducir la mercancía ilegal. Una de las vías eran los contenedores, otras entregas se realizaban con barcos como el North Sea, que utilizaban los puertos de Cork (Irlanda) y de Rotterdam (Holanda), y también se empleaba una flota de camiones para el transporte terrestre.

La investigación, con más de 48 tomos de instrucción, permitió reconstruir el itinerario de los cargamentos de cajetillas que procedían de Estados Unidos, luego se embarcaban en el sultanato de Omán, donde se simulaba que su origen estaba en el país africano de Senegal, y después llegaban a la Península para ser enviados a Gran Bretaña. El veterano ex alcalde, al igual que su hermano Feliciano Barral, se sentará en el banquillo con una acusación de delito continuado y una condena que podría superar los cuatro años de prisión, además de las indemnizaciones al Estado que se estipulen, teniendo en cuenta que el alijo intervenido estaba valorado en 1,5 millones de euros.

Los abogados defensores de algunos imputados acaban de solicitar el archivo de la causa que será rechazado por la Fiscalía. Se trata de uno de los máximos responsables del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), Antonio Núñez Saavedra, y de otro aduanero, José Manuel Irijoa, a quienes se acusa de facilitar información sobre las posiciones de barcos y helicópteros de Aduanas.

Al igual que los guardias civiles implicados, los aduaneros se enfrentan a un presunto delito de revelación de secretos que llevaría aparejada la inhabilitación. Tanto Núñez como Irijoa fueron detenidos seis meses después por idénticos delitos, implicados en el alijo de hachís del pesquero Chad Band, pero finalmente resultaron absueltos.

Sin embargo, la fiscalía tiene previsto recuperar esta causa porque, con unos meses de diferencia respecto a la de Barral Martínez, guardan muchas similitudes en cuanto a las formas de operar de las organizaciones, con la cobertura de agentes aduaneros.

El que había sido influyente alcalde desde finales de los años 70 y está considerado uno de los históricos en el contrabando de tabaco siempre ha negado su implicación en estas actividades. Después de su arresto había declarado que era un simple intermediario en la operación. "Comerciar con tabaco no es ilegal y esta mercancía fue requisada en un puerto franco", alegó Barral, que tras su dimisión en el PP fundó su propio partido, Independientes por Ribadumia, que pasó a la oposición desde entonces.

A raíz del abordaje del buque North Sea, en Vilagarcía, dos años antes de su detención, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón había ordenado el registro de su chalé de Ribadumia sin encontrar ninguna pista que le implicase en el contrabando. También la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) siguió de cerca las investigaciones abiertas contra Barral y podría actuar todavía contra él, dependiendo de los resultados de este proceso.