Los carteros crean una plataforma para salvar el reparto de cartas en el rural

Los planes de Correos para acabar con el servicio universal de entrega de cartas puerta a puerta han provocado ya las primeras muestras de rechazo. PSOE, BNG y PP se han manifestado en contra de la medida y la CIG creará una plataforma ciudadana, abierta al resto de sindicatos, partidos y asociaciones de vecinos, para intentar frenar la supresión del servicio en las aldeas más dispersas. Mientras la central nacionalista anunciaba una concentración de protesta el próximo 14 de febrero en Santiago, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, reconocía su "preocupación" por las consecuencias que el nuevo decreto tendrá en Galicia, la comunidad con la población más diseminada de España. El socialista considera que la norma aprobada por el Ministerio de Fomento en abril, que establece en qué zonas se podrá eliminar la entrega a domicilio, es un "error".

Feijóo exige al presidente que no sea una "reina madre" y presione a Madrid

El presidente se comprometió a estudiar medidas para evitar que el decreto afecte gravemente a los habitantes del rural. Touriño comparó esta supresión de la entrega de cartas a domicilio con la eliminación de la tarifa nocturna de electricidad porque, añadió, "no interesan" a Galicia. El vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, ha asegurado que el BNG defenderá que Correos sea un servicio público que "cubra todo el territorio". "Es una buena demostración de que cuando se hace política desde Madrid, sin tener en cuenta la especificidad de Galicia, el resultado puede ser nefasto", opina Quintana.

El PP coincide con PSOE y Bloque en los graves perjuicios que la medida impulsada por el Gobierno central tendrá en Galicia, pero culpa a las fuerzas del bipartito del problema que amenaza a centenares de aldeas. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pregunta a Touriño "si piensa hacer algo, aparte de actuar como una reina madre" y le recuerda que "forma parte del partido socialista español, no de Alsacia". Sobre la responsabilidad del Bloque, Feijóo subraya que fue la única fuerza nacionalista que apoyó a la ministra de Fomento, con las competencias en correos, para salvarla de la reprobación en el Congreso.

Según los representantes de los trabajadores, el cambio, que obligará a los residentes en casas aisladas a desplazarse a un buzón comunitario para recoger su correspondencia diaria, dejará sin empleo a 400 de los 1.200 carteros rurales que ejercen en el país, la mitad de los de toda España. "El objetivo es reducir costes y presentar la empresa al capital como una perita en dulce de cara a una privatización", interpretó ayer Xosé Blanco, responsable de Correos en la CIG. Blanco cree incluso que la medida puede ser inconstitucional, pues "discrimina" a los vecinos del rural con respecto a los de zonas urbanas.

La CIG ha comenzado ya a contactar con los grupos municipales de los ayuntamientos y las asociaciones de vecinos, buscando apoyos para intentar frenar el impacto que este cambio en el servicio postal puede llegar a tener en Galicia. El secretario general del sindicato, Suso Seixo, tacha la medida de "auténtica barbaridad" y reclama el traspaso de las competencias de correos a la Xunta para implantar un reparto de correspondencia adaptado a la orografía y dispersión poblacional del país.

El decreto aprobado por Fomento en abril acaba con la obligación de Correos de entregar las cartas puerta a puerta cinco días a la semana. La nueva norma permite eliminar este servicio a domicilio en zonas denominadas "entornos especiales". La empresa estatal puede calificar así a las viviendas ubicadas a más de 250 metros de la vía pública utilizada habitualmente por los servicios públicos, a núcleos con menos de 25 habitantes por hectárea y a mercados, centros comerciales, urbanizaciones o polígonos industriales.

Los residentes en estos lugares tendrán que recoger sus cartas en buzones comunitarios que compartirán con los vecinos de las casas de su entorno y que estarán ubicados en un punto de paso. La CIG cree que estos casilleros atentan contra la Ley de Protección de Datos porque ponen al alcance de cualquiera los datos personales de los ciudadanos, mientras que Correos sostiene que su diseño protegerá esta confidencialidad.

La empresa pública elabora actualmente un estudio para delimitar que áreas en Galicia son declaradas "entornos especiales" y, por tanto, dejarán de recibir la correspondencia en cada casa. La sociedad dice desconocer cuántas viviendas se verán afectadas por la medida aunque, según el censo de 2001, son 445.000 los gallegos que residen en núcleos diseminados.