Una portavoz de Correos ha asegurado que las palabras de Santiago son un compromiso de la dirección de la empresa estatal. La representante de la compañía ha admitido que se está realizando un estudio con el objeto de conocer cuántas casas cumplen los requisitos fijados en el decreto para poder suspender la entrega puerta a puerta de la correspondencia y sustituirla por buzones comunitarios. Sin embargo, ha añadido que el equipo que gestiona Correos no retirará este servicio a ninguna de las viviendas.

El decreto aprobado en abril faculta a Correos a eliminar el reparto de cartas puerta a puerta en "viviendas aisladas o situadas en entornos calificados como diseminados" y que estén "a más de 250 metros de la vía pública habitualmente utilizada por cualquiera de los servicios públicos". Partidos políticos y sindicatos consideran que esta medida dejaría sin la entrega a domicilio a miles de casas gallegas y supondría un grave recorte de plantilla entre los carteros rurales. La central nacionalista CIG ha anunciado movilizaciones de protesta.