La Xunta inyecta 500.000 euros en una fundación sin apenas actividad
La entidad ejecutó solo dos de las 22 actividades de su plan de actuación
La Fundación Puerto de Vigo (FPV), creada el año pasado por la ahora presidenta del Consello Económico y Social, Corina Porro, iba a generar en ese ejercicio unos beneficios de 269.400 euros, según su plan de actuación. No lo cumplió y, según fuentes cercanas a la entidad, acabó 2010 con significativas deudas. La Xunta ha inyectado en ella no menos 500.000 euros en 2011, pese a estar obligada la FPV a la autosuficiencia económica y no desarrollar desde hace meses ninguna actividad. Está pendiente de juicio, además, una reclamación salarial de 570.000 euros de su primer gerente por despido improcedente.
La FPV fue presentada públicamente el mismo día de su constitución formal, 16 de abril de 2010. Arrancó con unos fondos de 220.000 euros aportados por sus patronos: Autoridad Portuaria de Vigo, que la promueve y se reserva la presidencia en la persona de Corina Porro, 60.000 euros; Citroën, 25.000 y Pierre Ianni como vicepresidente; Caixa Galicia (antes de su fusión con Caixanova), 50.000 euros y plena colaboración en cesión de espacios culturales; Caixanova, 25.000; Remolcanosa, 25.000; Termavi (estiba portuaria), 25.000; y Pescanova, 10.000 euros. Javier Touza, presidente de los armadores de pesca (Arvi), es el tesorero.
La Xunta ha inyectado al menos 500.000 euros en su primer año de vida
La Consellería de Presidencia ejerce el protectorado o control de la FPV
Además, según el mismo plan de actuación, estaba prevista la captación de otros 438.000 euros asociaciando a la FPV a 400 empresas, con una cuota de 1.020 euros, y a 100 personas físicas (a 300 euros). Nadie ha facilitado datos sobre los resultados de esta campaña de captación de socios, de la que EL PAÍS solo ha podido constatar que se realizó parcialmente.
El objeto de la FPV, según sus estatutos, es el de "promover, desarrollar, impulsar y acercar al ciudadano la faceta más social del puerto, de sus empresas y de su entorno con el fin de contribuir, desde una vocación de servicio, al desarrollo social de Vigo, Galicia y España". También "podrá contribuir al ámbito de la cultura en su ámbito de influencia", dice la resolución de la Consellería de Presidencia que declaró a la FPV "de interés gallego". Esta consellería, que dirige Alfonso Rueda, secretario general del PP gallego, ejerce a su vez como protector de la FPV, que se obliga a presentar anualmente ante Presidencia "la documentación contable y plan de actuación", así como, al vencimiento del ejercicio, la memoria que permita comprobar el grado de ejecución del citado plan. La FPV no lo cumplió ni de lejos.
De las 22 actividades señaladas en el plan de actuación (en tres áreas: sociocultural, proyectos y formación), solo se ejecutaron dos y una quinta parte de otra (la exposición Piratas: los ladrones del mar, que costó 40.000 euros y hacía paquete con otras cuatro muestras inéditas). No se ejecutó ninguna actividad del programa de las destinadas a generar ingresos. Las que se realizaron consumieron las aportaciones de patronos y socios y, en diciembre, según las fuentes consultadas por este periódico, la FPV tuvo que recurrir a una póliza de crédito de Novacaixagalicia por importe de 50.000 euros para afrontar sus gastos corrientes.
El plan de actuación incluía el I Concierto Benéfico Fundación Puerto de Vigo con financiación de patrocinadores y sector privado. Finalmente lo protagonizó Raphael en el Teatro García Barbón, aunque con financiación del Xacobeo y de la Diputación Provincial, y la recaudación, que se prevía inicialmente destinar a Haití, fue entregada a la asociación benéfica AFAN. La otra actividad realizada fue la creación de un simulador para la formación de gruístas y estibadores.
Al margen del plan de actuación, la FPV participó en actividades como el IX Concurso Franciso Mantecón de Diseño, la subvención de un festival con motivo de la canonización de la madre jesuitina Cándida, fundadora del colegio Miralba, el ciclo El deseo y el poder en la ópera, un concierto para bebés, un mercadillo benéfico por Navidad, un oulet solidario con Camerún, el patrocinio de unas jornadas sobre tecnologías y soluciones para la automoción y de una ruta marítima y cultural por la ría de corta duración. Asimismo, un curso sobre Derecho Marítimo.
Tal vez la actividad más polémica fuera la emisión desde la Estación Marítima del programa El gato el agua, de la cadena de televisión ultraderechista Intereconomía, que glosó las excelencias del puerto de Vigo y de su presidenta "frente a una alcaldía obstruccionista".
Tres gerentes en un año y con visitas a los juzgados
La Fundación Puerto de Vigo (FPV) ha tenido tres gerentes en su año de existencia. El primero, Pablo Alborés Cabaniña, un joven profesor de Porriño con amplia experiencia en fundaciones, recibió de Corina Porro el encargo de montarla, así ella accedió a la presidencia de la Autoridad Portuaria. Porro quería un instrumento alternativo a la "histórica" Fundación Provigo que preside el alcalde, Abel Caballero, quien repetidamente ha denunciado el incumplimento de la Xunta y de la Diputación en el pago de sus cuotas. Los socialistas señalaron a la FPV como "tapadera electoral" del PP en la aspiración de Porro a la alcaldía.
Alborés trabajó un año en el montaje de la fundación y el mismo día de su constitución formal, 16 de abril de 2010, firmó el contrato que le acreditaba como director-gerente de la misma, con un sueldo anual de 57.000 euros. "Me lo dieron hecho, yo no intervine en nada", afirma Alborés. Unos días después le fue sugerido que dimitiera "por no ser del PP". La propia Porro le ofreció la opción de un año de excedencia para volver al cargo "después de las elecciones".
Pero días después recibió por burofax la notificación de que el Patronato había aceptado su dimisión el 30 de abril. "Ni había presentado la dimisión ni se celebró esa reunión del Patronato", asegura. Porro insistió en posponer la resolución de su contrato al 22-M, pero, al no conseguir ella la alcaldía, para Alborés también despareció todo interlocutor con el que poder negociar su situación. Tampoco compareció nadie de la FPV en el SMAC para la conciliación. Ahora, acogiéndose a la única cláusula de rescisión de su contrato, tiene planteada una demanda por despido improcedente, en cuyo caso se le reconoce una indemnización de 10 años de salario, esto es, 570.000 euros que reclama a la FPV. Corina Porro tendrá que prestar declaración por este motivo en el juzgado, en septiembre.
Depresión
La FPV, al apartar a Alborés, cambió las llaves de su sede y despidió a dos de los tres empleados contratados, que percibieron, por unos días de trabajo, una indemnización de 6.000 euros cada uno.
Le sustituyó en la gerencia Mario Ubiaga, a quien Alborés había llevado a la FPV como director de eventos. Ubiaga fue despedido días antes de la campaña electoral, estando de baja por depresión. Ubiaga aceptó una indemnización de 100.000 euros, de los que le pagaron en mano 25.000 y el resto, en pagarés pendientes de cobro. Ahora desempeña la gerencia Javier Fuertes, que rehusó comentar "nada de nada" con este periódico.
Dinero público para la continuidad
Aunque la Fundación Puerto de Vigo (FPV) se obliga a autofinanciarse, Corina Porro, presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, y Javier Guerra, conselleiro de Economía e Industria, firmaron en febrero último un convenio por importe de 450.000 euros para "financiar actividades de promoción, investigación y jornadas técnicas" a través de la propia fundación. La misma nota de la Autoridad Portuaria que da cuenta de ese convenio concluye recordando que "la Consellería de Economía e Industria, a través del Igape, mantiene un convenio de colaboración con la Fundación Puerto de Vigo, a través del que subvenciona el 50% de las iniciativas de la misma hasta 2012".
Es la primera y única constancia pública de que exista ese convenio. EL PAÍS ha tratado de obtener datos sobre la financiación total canalizada por la consellería de Javier Guerra a la FPV, pero de momento la Xunta no ha contestado. No obstante, a los 450.000 euros del convenio habría que sumar la cantidad imprecisa que representa el 50% de financiación del Igape, que podría resultar significativa para el ejercicio de 2010 y no tanto para el actual ejercicio, ya que la FPV no ha desarrollado prácticamente ninguna actividad, que se sepa, desde el pasado mes de febrero, coincidiendo precisamente con la firma del convenio.
Además, y pese a esa inactividad, en junio la Consellería de Traballo aprobó otra subvención para la FPV de 50.000 euros.
Javier Touza, tesorero de la FPV, confiaba en que la misma tuviera continuidad con el desembarco de Ignacio López-Chaves como presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo y, pese a desconocer el estado exacto de las cuentas de la fundación -"sé que está en números rojos, eso sí"-, aseguró que su viabilidad está asegurada "gracias a los convenios que se van a firmar con el Igape y la Diputación". De confirmarse, la FPV no sería muy diferente de los denostados "chiringuitos" que tanto ha denunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como práctica del anterior Gobierno bipartito.
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