Ponteareas elude el derribo de una obra ilegal de Álvaro Pino

Es el último capítulo de un proceso que se remonta a los años ochenta, protagonizó varios plenos del Ayuntamiento de Ponteareas y, tras pasar en 2004 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), amenaza ahora con terminar en la vía penal con una demanda por prevaricación. En medio están el ex ciclista Álvaro Pino, y dos de sus tres hermanos: Rogelio y Daniel Pino Couñago. Dos décadas de litigio, a pesar de las que Álvaro Pino declaró a este periódico "desconocer" el caso que ha llevado a la palestra la organización Nós-UP.

María Luisa Alonso, vecina de Fontela (Ponteareas), denunció ante el TSXG una obra con la que los hermanos Pino cercaron un camino público de 20 metros entre las carreteras de Arcos y Guillade. El TSXG le dió la razón y "obligó" al Ayuntamiento de Ponteareas a recuperar, sin costes, el terreno "engullido". El proceso nunca se inició y la sentencia del Tribunal Superior durmió en los cajones del consistorio hasta que en marzo de 2009 la Corporación decidió inicar la tramitación de un expediente para cambiar la categoría del camino. De "bien de dominio público" pasaría a "bien desafectado", lo que abría la puerta a su venta a los hermanos Pino. El Ayuntamiento alegó entonces que era la decisión "más adecuada al interés público".

El Ayuntamiento intenta vender el camino público a la familia Pino

No era suficiente. El proceso requería de un informe previo de la secretaria municipal, realizado en noviembre de 2009. Son sólo cinco páginas, pero vierten "dudas sobre la oportunidad y legalidad" del proceso y señala al menos dos puntos en los que el Ayuntamiento no se ajusta al Reglamento de Entidades Locales: la primera, su desactualización, por datar el inventario de sus bienes y derechos de 1958; y la segunda, la "insuficiencia" del informe del ingeniero técnico municipal, documento necesario para el cambio de categoría del camino.

El informe echa por tierra el argumento de los "perjuicios cuantiosos a las arcas municipales" que en 2009 alegó el Ayuntamiento para no ejecutar el derribo. El motivo: que los 520.900 euros que costaría, según un informe municipal, incluyen la "demolición total" de la viviendas, el transporte de los escombros y su posterior reconstrucción. El informe de la secretaria aclara que sólo es necesario deribar "un murete de bloques". En cualquier caso la Ley de Patrimonio obliga al "usurpador" a hacer frente a esos costes, no al Ayuntamiento.

A pesar de las dudas que rodean el proceso, la Corporación aprobó en julio el cambio de calificación jurídica del camino. El único impedimento para su ejecución es la resolución presentada por María Alonso, quien reclama la nulidad de la decisión. Su abogada, Cristina Rodriguez, amenaza con llevar el caso a la vía penal y registrar una denuncia por prevaricación. El alcalde, Salvador González Solla (PP), afirma que su postura está amparada por un informe de la asesoría jurídica. "Es un camino que no tiene salida. No lo entiendo", aclaró.