El Gobierno afirma que el Plan Energético garantiza la actividad de la planta de gas
Reganosa tendrá una retribución asegurada durante 50 años cuando empiece a funcionar
El Ministerio de Industria está obligado a mantener en funcionamiento la planta de gas de Ferrol aunque ésta pierda a uno de sus dos clientes previstos: la central térmica de As Pontes. La legislación del sistema gasístico asegura a Reganosa una retribución fija al margen de su productividad durante 50 años, a partir del momento en el que adquiera el permiso para comercializar y funcionar de manera definitiva. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se mostró convencido ayer de que la viabilidad del complejo, actualmente en pruebas, está garantizada.
Aunque la planta de gas de Ferrol tenga "un uso inferior al previsto", su actividad y la retribución de sus promotores está garantizada. Así lo aseguran tanto el Ministerio de Industria como la Xunta, después de que Gas Natural pretenda no utilizar la regasificadora gallega para suministrarle el combustible a la central de Endesa en As Pontes. El ciclo combinado de la factoría pontesa es uno de los dos clientes que justificaron la creación de la polémica instalación de Reganosa, junto al de la central de Unión Fenosa en Sabón (Arteixo).
El Gobierno gallego, que posee un 10% de las acciones de la regasificadora, no se muestra preocupado por la posibilidad de que la planta pierda a su principal cliente. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se escuda en que el Plan Energético Nacional garantiza que la instalación debe mantenerse en funcionamiento, lo que el jefe del Ejecutivo llama "viabilidad". "Otra cosa son las operaciones concretas en las que entren las diferentes empresas implicadas", añadió Touriño, en referencia al conflicto planteado por Gas Natural ante la Comisión Nacional de la Energía y que se resolverá a lo largo de este mes de septiembre.
El origen del problema está en un contrato firmado entre Endesa y Gas Natural que establece que esta última es la encargada de suministrar el gas a la central de As Pontes. La empresa catalana está dispuesta a cumplir lo pactado, pero defiende su "derecho" a meter el gas en la red por la regasificadora que quiera. Desde Gas Natural alegan que nunca introducen en los gasoductos el combustible destinado a un solo cliente; sus envíos se bifurcan hacia varias centrales distintas y por tanto la gasística necesita hacerlo desde puntos mejor conectados que la planta de Ferrol.
Quién paga
La Comisión Nacional de la Energía dictaminará este mes si Gas Natural puede o no eludir el uso de la regasificadora gallega. La utilización de la instalación de Mugardos para suministrar combustible a la central térmica de As Pontes fue el compromiso que adquirió Endesa cuando en 2000 se embarcó con la Xunta y otros socios privados en la construcción de la planta ferrolana.
La Consellería de Industria también aludió ayer a la inclusión de la regasificadora en el Plan Energético Nacional para dar por asegurada la "viabilidad" de la instalación, que se encuentra actualmente en pruebas. El departamento del nacionalista Fernando Blanco afirma que la actividad de Reganosa está garantizada "desde el momento en el que nace", aunque admite que la pérdida de un cliente como el de As Pontes sí mermaría las ganancias de los socios de la empresa, entre ellos la Xunta.
La legislación asegura a los promotores de las regasificadoras españolas unos ingresos fijos para amortizar su inversión durante 50 años, que están al margen de la productividad de los complejos. Los socios de Reganosa empezarán a cobrar este dinero cuando la planta entre servicio de manera definitiva, ya que actualmente está en pruebas.
Un portavoz del Ministerio de Industria ha explicado a este periódico que los fondos para mantener en funcionamiento las plantas de gas, aun cuando el servicio que prestan sea menor del previsto, los aportan los consumidores, tanto los domésticos como los industriales. El sistema gasístico, señala el departamento de Clos, ya reserva en las tarifas que pagan los compradores de gas una parte para sufragar este tipo de gastos.
La Comisión Nacional de la Energía tiene previsto emitir su dictamen sobre los clientes de la planta de gas de Ferrol a lo largo de este mes. En el futuro de la regasificadora gallega tendrá peso la postura de Enagás, una compañía privada a la que el Estado ha nombrado gestor técnico del sistema gasístico y que, por tanto, es la encargada de coordinar a todos los agentes que intervienen en la red. La empresa, participada por Gas Natural, determinará si la red de gasoductos tiene capacidad suficiente para que la compañía catalana le envíe el combustible a As Pontes desde otra regasificadora que no sea la de Mugardos. Ni Endesa ni Reganosa han querido valorar el conflicto planteado ante la comisión.
Prisas de dudoso fundamento
La construcción de la planta de gas en terrenos del Grupo Tojeiro ubicados en Mugardos fue, según el actual Gobierno gallego, un error. La alternativa de levantar el complejo en el puerto exterior fue rechazada por la Xunta del Partido Popular, pese a que esta opción evitaría que los buques metaneros tuvieran que sortear la estrecha y poco profunda ría de Ferrol.
El Ejecutivo de Manuel Fraga alegó entonces que esperar a la finalización de la nueva dársena retrasaría el proyecto de la regasificadora. El tiempo, sin embargo, ha tirado por tierra aquel argumento.
El puerto exterior de Ferrol tiene previsto recibir su primer barco el próximo jueves, en el momento en que la planta de gas se encuentra en pruebas. En fase de ensayo está también el ciclo combinado de As Pontes, uno de los dos clientes previstos para la regasificadora.
En el pacto que suscribieron en 2000 los socios de Reganosa -entre ellos la Xunta- se estableció la ubicación dentro de la ría porque, según se explicaba en aquel documento, "el emplazamiento de Mugardos exige una menor inversión que otras posibles localizaciones, ofreciendo más garantías de operatividad".
La elección de este emplazamiento ha desencadenado un movimiento ciudadano de protesta. El Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol nació en 2001 para reunir a medio centenar de colectivos vecinales, políticos y culturales contrarios a la construcción de la regasificadora en el interior de la ría de Ferrol.
En un principio contaron con el apoyo del BNG y del PSdeG, los dos socios del entonces gobierno local de Ferrol, que promovieron varios pleitos contra el proyecto amparado por la Xunta del PP.
Socialistas y nacionalistas se han desmarcado ya del movimiento ciudadano contra la ubicación de la planta, aunque algunos de los recursos contenciosos que impulsaron han propiciado que la planta tenga en estos momentos sus estudios ambientales anulados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
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